Respecto a la publicación del estudio sobre la Actualización del Índice de Libertad Académica 2023 de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania, realizado por investigadores de V-Dem en Gotemburgo, Suecia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informa que el documento incorpora fuentes sesgadas que no permiten identificar la diversidad de opiniones de expertos, además de que excluye una consulta de fuentes en español.

Mediante comunicación oficial, Conacyt solicitó a las personas responsables del estudio tener el rigor pertinente ante afirmaciones como “la libertad académica está en riesgo”, sentencia que el gobierno de México niega rotundamente, toda vez que la política en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación (HCTI) se basa en los principios constitucionales de libertad de expresión, asociación y otras libertades.

A partir de 2018, la transformación de la política nacional en HCTI ha sido evidente tras un cambio que de ninguna manera pone en riesgo la libertad académica, mucho menos conduce a un mayor control del gobierno sobre las agendas de investigación. Por el contrario, desde el año referido se da un impulso mayor a la investigación científica y a los desarrollos tecnológicos.

Durante los primeros años de la presente administración (2019-2023), el Estado mexicano, a través del Conacyt, ha invertido más de cuatro mil millones de pesos en más de dos mil 200 proyectos de investigación en las áreas de ciencia básica y ciencia de frontera e infraestructura; en contraste con los años previos (2017-2018) cuando no se otorgó absolutamente ningún financiamiento en la categoría de ciencia básica.

La afiliación de profesores universitarios al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) ha aumentado durante la presente administración a más de 36 mil, 46 por ciento más que en 2016. El número total de miembros de la comunidad académica que reciben apoyo del Conacyt se encuentra ahora en un máximo histórico de casi 134 mil personas, incluyendo becas para estudiantes, apoyo a profesores y otras ayudas a la investigación.

En oposición, las administraciones anteriores prefirieron canalizar los recursos al sector privado. Por ejemplo, entre 2000 y 2018, Conacyt autorizó inicialmente 45 mil millones de pesos mexicanos para organizaciones privadas y corporaciones, incluyendo a Volkswagen con 171.77 millones de pesos mexicanos durante un período de 18 años. Además, 26 millones de pesos mexicanos fueron autorizados a través del denominado Programa de Estímulo a la Innovación (PEI) para el sector privado, durante el período 2009-2018.

También es importante señalar que, siguiendo las mejores prácticas internacionales, todos los recursos de investigación se revisan rigurosamente por expertos externos, por lo que no hay un solo caso de un estudiante o profesor sancionado o destituido de su cargo por sus ideas ni por el contenido de sus investigaciones o publicaciones.

Finalmente, las referencias a la lamentable violencia en escuelas y campus universitarios de las que se habla en Scholars at Risk y The Borgen Project, no son de ninguna manera el resultado de alguna política o acción del gobierno de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, el compromiso de la nueva administración con la paz ha tenido como objetivo central erradicar la violencia causada por la estrategia de lucha contra las drogas iniciada y ejecutada durante administraciones anteriores.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presenta estas precisiones, confiando en que un estudio más riguroso de la situación en México llevará a reflejar con mayor responsabilidad la realidad de nuestro país.