La UNAM, mediante el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por medio de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet), firmaron un acuerdo de colaboración para la promoción del desarrollo de la cultura jurídica laboral en el país.
Además, impulsará el desarrollo de otras actividades que fortalezcan a ambas instituciones, y acciones concertadas que contribuyan a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos inherentes a los trabajadores, en el marco de la justicia laboral.
En la firma del convenio entre ambas instituciones, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, comentó que esta colaboración busca promover la reflexión en torno al ámbito laboral y su relación con la defensa adecuada de los derechos fundamentales de los trabajadores.
También, realizar conversatorios abiertos, foros, seminarios y otras actividades en las que se analicen y estructuren, principalmente, esquemas de conciliación eficaz y defensa adecuada, para hacer efectivo el acceso a la justicia y el trabajo digno en el marco de un modelo de justicia laboral y de los derechos humanos.
De igual manera, acotó, se busca la participación de las universidades del país en el diálogo y colaboración ante las distintas instancias de procuración e impartición de justicia laboral a nivel nacional para trabajar de manera coordinada y eficiente, e incidir en el cambio de óptica para una defensa completa, sin limitantes que afecten la atención de los trabajadores.
Asimismo, impulsar la inclusión de las reformas en materia laboral en el currículum de los programas de estudio de licenciatura y posgrado de las universidades del país, entre otros, abundó la funcionaria federal.
“Esos son nuestros propósitos y buscamos aprovechar el talento de los especialistas del IIJ para hacer realidad la implementación de la Reforma Laboral, porque podría quedar bien en las leyes secundarias, pero si no hacemos un mecanismos de implementación eficaz, realista y contundente, con una ruta crítica, no impactará en la realidad”.
En el aula Reforma Política de 1977, Luisa María Alcalde reconoció la trayectoria y compromiso del Instituto de Investigaciones Jurídicas para hacer del esquema laboral un modelo más justo, eficiente, equitativo, libre y democrático.
Por su parte, el coordinador de Humanidades de esta casa de estudios, Alberto Vital Díaz, resaltó el dinamismo del IIJ “para entender una realidad contemporánea de enorme complejidad y riqueza, que desafía nuestras energías personales”.
Resaltó que conceptos como conciliación, libertad y democracia “van en la dirección de la construcción o reconstrucción, si es necesario de la confianza, ese tejido fundamental en la historia de México”.
Es de celebrar la concepción misma del proyecto de ley de la reforma laboral y, por otra parte, que exista la confianza y conciencia de que “si no creamos mecanismos de implementación, no podremos lograr que estas extraordinarias leyes tengan una verdadera concreción en la vida cotidiana”.
En ese sentido, abundó, la vinculación entre el IIJ y la STPS, a través de la Profedet, “viene a confirmar un precedente que debe tener realizaciones concretas”.
El director del IIJ, Pedro Salazar Ugarte, puntualizó que con esta colaboración ambas entidades buscan caminar hacia la consolidación de una justicia laboral cercana, eficiente y de derechos, enfoque en el que la comunidad académica del Instituto “puede comprometerse y contribuir”.
Planteó que la agenda de los derechos humanos en general ha sido, quizá, una de las piedras nodales de la identidad del IIJ; en buena medida ha sido el origen y el criterio orientador de su actividad académica, y hacerlo hoy en este ámbito específico de los derechos laborales es fundamental porque el país vive una multiplicidad de cambios relevantes.
Desde hace tiempo, en el IIJ se abordan fenómenos con una perspectiva interdisciplinaria, como es el tema laboral. “Es decir, miramos los problemas que nos interesa estudiar y en los que podemos aportar, abordando su dimensión social, económica y política, esas otras dimensiones que hacen de los fenómenos con relevancia jurídica, asuntos que deben atenderse en toda su complejidad”.
Así es como esperamos aportar a la agenda que la STPS se ha propuesto y que estamos seguros llegarán a buen puerto. “Cuenten con la posibilidad de que desde la Universidad se sigan haciendo cosas importantes para el país y con nuestro compromiso con las mejores causas, por lo que queremos todos un México más justo, incluyente, equitativo y donde los derechos sean en verdad el eje articulador de las políticas y decisiones de las instituciones”.