Los DESCA —derechos económicos, sociales, culturales y ambientales—, también conocidos como derechos de segunda generación, son aquellos que cubren las necesidades básicas de cualquier persona y, por tanto, son fundamentales para el desarrollo de la vida en plenitud. A partir de un análisis exhaustivo, la IBERO Puebla generó una serie de recomendaciones para garantizar el acceso a estos derechos para todas y todos.

El análisis estudia el caso específico de Puebla, donde el 54% de la población se encuentra en situación de pobreza; esto la coloca como la cuarta entidad más pobre del país. Las condiciones laborales y de acceso a un salario digno solo agravan la situación.

En México, el 55.2% de los trabajadores formales no cuenta con prestaciones laborales, de salud y vivienda, como ocurre en el campo, donde los trabajadores reciben pagos de 100 pesos al día, lo que resulta insuficiente para vivir. Por otro lado, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias estima que la tasa efectiva que pagan los asalariados es ocho veces superior a la de los grandes contribuyentes.

Pese a que en los últimos cinco años se han implementado diversos proyectos de economía social, la academia considera necesario transitar de los programas sociales a políticas de gobierno que fomenten ecosistemas de E.S.S. y coadyuven a generar un modelo económico más equitativo, inclusivo y sustentable.

En cuanto al medioambiente, la IBERO Puebla registra 60 casos de conflictos socioambientales en el estado, lo que lo posiciona en segundo lugar a nivel nacional con más agresiones a defensores de la tierra y el territorio. Esto representa una vulneración importante a la defensa de la tierra y el territorio.

Entre 2018 y 2022, Puebla perdió más de 1,000 hectáreas de bosque húmedo que albergaban el mayor número de especies amenazadas o en peligro de extinción. Además, no se ha cumplido con el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac.

En cuanto a manejo de desechos, en las siete regiones del estado existen 19 sitios de residuos sólidos urbanos que representan un alto riesgo ecológico y sanitario, en tanto que 70 están en riesgo medio a moderado, de acuerdo con CENAPRED.

La ciencia, tecnología e innovación se ven desfavorecidas, pues la inversión pública del estado en investigación y desarrollo alcanza apenas el 0.25% del PIB, muy lejos del 1% comprometido por la anterior Ley General de Ciencia y Tecnología. En 2023, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CONCYTEP) solo recibió alrededor de 19 millones de pesos, el 0.05% del presupuesto destinado a la Secretaría de Educación.

A esto se suma la cultura, cuya secretaría en Puebla no cuenta con un plan cultural público sexenal que implique la participación constante de artistas, creadores, gestores culturales y organizaciones y espacios culturales para cubrir la demanda cultural de la población.

Ante este escenario, la IBERO Puebla ha propuesto, en inicio, implementar acciones para combatir la desigualdad e impulsar la generación de empleos y la diversificación económica para la mejora de salarios. Esto debe complementarse con la construcción de una política laboral que favorezca a los trabajadores y que garantice la mejora de las condiciones laborales y mayor acceso a la seguridad social y la vivienda.

Para el ámbito de economía social, se deben crear y profesionalizar empresas del rubro con el fin de dinamizar el capital productivo de cada microrregión en una lógica de bienestar colectivo, así como adecuar la política fiscal para las empresas del sector social.

En medioambiente, la Universidad llama a prevenir y atender la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación del agua, así como garantizar la cobertura de los servicios de agua potable de calidad. Además, se insta a diseñar protocolos ante contingencias ambientales para reducir la concentración de contaminantes para así disminuir los impactos sobre la salud de la población.

Igualmente, es necesario fomentar las vocaciones científicas desde la educación básica y con perspectiva de género para apoyar la constitución de redes científicas y humanísticas interdisciplinarias e interinstitucionales. El diálogo de saberes y el reconocimiento público de los conocimientos de los pueblos originarios, aseguran los especialistas, serán factores claves.

También, se reconoce que hay que actualizar la Ley de Cultura del Estado (creada en 2009), y evidenciar la noción amplia y actual de cultura para así armonizar con los indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, así como el Plan Nacional de Desarrollo de Secretaría de Cultura.

Estas son solo algunas de las propuestas que la Agenda institucional 2024: de la reflexión a la acción, contiene. El documento será compartido con candidatas y candidatos de las próximas elecciones para que conozcan estas perspectivas y las integren en sus agendas de trabajo.