Después de las últimas declaraciones del Procurador General de la República, donde sin contar aún con los resultados de las pruebas de ADN de los restos encontrados y que presuntamente son de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, afirmando que fueron asesinados y posteriormente destruidos sus restos, se presenta al fin la versión oficial que desde hace meses, el Gobierno Federal y la misma Procuraduría, se negaron a reconocer debido a la presión no sólo de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, sino también de una gran parte de la población del país y de grupos y organizaciones internacionales, ante el temor de que éste fuera un acontecimiento que manchara para siempre el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cual ante el reconocimiento de que los estudiantes fueron asesinados, resultó inevitable.
 
Es evidente que este hecho tan lamentable, destapará seguramente la cloaca de lo que sucede desde hace años en estados como Guerrero, Michoacán y Sinaloa, donde los grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico han sentado sus centros de operación con la complicidad y complacencia de los gobiernos estatales y presidentes municipales de las  cabeceras más importantes, donde se produce y distribuyen drogas a diferentes rutas del país y a los Estados Unidos.
 
Desde un inicio, la forma en que se manejó la información, las detenciones de los implicados y, sobre todo, el intento de menospreciar la capacidad de movilización de los familiares de los desaparecidos fue minimizada o quizás se pensó que con la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero y la detención del edil de Iguala y su esposa, quedarían satisfechas las protestas e inconformidades que se presentaron en casi todos los estados del país y en otras naciones.
 
No se dimensionó que la demanda de presentación de los 43 desaparecidos iría creciendo cada día y a la fecha una gran parte de la población del país, en general se encuentra indignada e inconforme con lo sucedido, exige una respuesta creíble.
 
Seguramente esto se reflejará en el abstencionismo y anulación de boletas electorales en las que un enorme grupo de ciudadanos plasmará su reclamo a lo sucedido con estos estudiantes, y en este reclamo no se trata sólo de hacer responsable a un partido, sino en general a los tres niveles de gobierno y a todos los partidos políticos, es decir, la factura se les pasará a todos ellos porque finalmente, aun y cuando el Gobierno de Guerrero y del Municipio de Iguala son de extracción perredista, en este momento la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es un agravio cometido en contra de todos los mexicanos, ningún político o partido podrán hacerse a un lado señalando que no tuvo responsabilidad en el hecho. Si bien es cierto no gobernaban en esos lugares, su compromiso con el esclarecimiento, investigación y presentación de los responsables ha dejado mucho que desear.
 
Y esto lo señalo, debido a que en este momento partidos y autoridades ya le dieron vuelta a la hoja, siendo ahora su principal preocupación el proceso electoral del primer domingo de junio de este año.
 
Para ellos, el caso de Ayotzinapa ya fue superado y con la versión oficial, lo que se busca es dar por concluida la búsqueda y detener las marchas, protestas y reclamos de los familiares de los desaparecidos.
 
Ahora lo importante es la elección de los 500 diputados al Congreso y repartirse las prerrogativas que les otorgó el INE, perfilar candidatos, hacer campañas y ver quién tendrá la mayoría en el próximo Congreso, si el partido del presidente, para lograr sacar adelante sus iniciativas, u otros partidos para negociar acuerdos y posiciones que les permitan seguir usufructuando el poder y conservar sus privilegios.
 
Pero la última palabra la tienen los ciudadanos en las urnas, ya que por hoy prevalecen en su ánimo el coraje e impotencia de que no se castigó a los responsables, ni se indemnizó a los familiares.
 
Me pregunto, en los próximos años, ¿cómo se reseñará en los libros de Historia de México del nivel de primaria y secundaria la tragedia de Ayotzinapa?  
 
¿Se prohibirá mencionarla como ocurrió con la matanza de Tlatelolco para que las futuras generaciones no la tengan en la memoria? ¿O se escribirá sobre ella resaltando el buen papel que desempeñaron las autoridades para su esclarecimiento?
 
Todo esto, sólo el tiempo lo responderá, pero auguro que seguramente prevalecerá la llamada versión oficial que, como sabemos, tiene de todo, menos veracidad.