Muchas líneas se han escrito acerca del costo de la democracia mexicana y de la enorme cantidad de recursos económicos que —vía las prerrogativas— reciben año con año los Partidos Políticos para su sostenimiento y para llevar a cabo sus objetivos.
 
De tal suerte que ha quedado demostrado que son un excelente negocio para sus dueños y se han convertido en franquicias familiares que se heredan de padres a hijos y demás familiares en forma pública como en el caso del Partido Verde Ecologista o también en franquicias gremiales como el Partido Nueva Alianza, creado por el SNTE  en la época en que era dirigido por la defenestrada lideresa Elba Esther Gordillo, desvirtuando con ello los objetivos del sindicato y convirtiendo las cuotas sindicales en la principal fuente de recursos para dar vida a este Partido que se ha caracterizado por subsistir a través de las alianzas para conservar su registro.
 
El 14 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que se destinarán un total de 5 mil 356 millones 771 mil 247 pesos para este año en que se renovará la Cámara de Diputados en una elección federal.
 
Repartiéndose dichos recursos de la forma siguiente: 3 mil 909 punto cinco millones para actividades ordinarias; mil 172 millones para gastos de campaña; 117.2 millones para actividades de educación cívica y de investigación; 156.3  millones para franquicias postales; y 693 millones para franquicias telegráficas.
 
Se asigna a los partidos los recursos de la siguiente forma: al PRI 3 mil 376 millones; al PAN mil 155 millones; al PRD 886.1 millones; al PVEM 494.7  millones; al PT 389.7 millones; al PANAL 371.2 millones; a Movimiento Ciudadano 365.4 millones; y a los nuevos partidos, Morena, Humanista y Encuentro Social 120.9 millones respectivamente.
 
Ante esta danza millonaria, cualquier ciudadano con dos dedos de frente se preguntaría: ¿Vale la pena destinar tanto dinero a los Partidos Políticos? Cuando la situación del país y sobre todo de los más de 60 millones de mexicanos que viven en pobreza y pobreza extrema es cada vez más desesperante y aún y cuando el 7 de junio habrá elecciones intermedias, existen registros históricos de que como ha ocurrido en otros procesos similares: sólo llegarán a votar un porcentaje de entre 30 a 40% de los registrados en el padrón electoral, por la falta de interés que prevalece en el ánimo de los ciudadanos, que como quedó registrado en el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, los diputados y los Partidos ocupan los últimos lugares en los niveles de confianza a nivel nacional.
 
Por lo tanto, pudiera darse el caso que disminuyan todavía más los niveles de participación en las elecciones, por la indignación que han manifestado diversos grupos ciudadanos cuando se enteran de las grandes sumas de dinero que se entregarán a los institutos políticos este año para sus diversas actividades, ya que prevalece la idea de que es un recurso tirado a la basura debido a que, una vez ganada la elección, los diputados sólo responden a los intereses de sus bancadas partidistas y se alejan completamente de los intereses de quienes los eligieron.
 
Si realmente el INE y los partidos pretenden rescatar la confianza de los electores, deben cambiar su estrategia y transparentar el uso de los recursos, sancionando a quienes les den mal uso o incurran en delitos electorales y retomando las demandas sociales más apremiantes.