Como si no fueran suficientes los diversos problemas que actualmente aquejan a la sociedad mexicana, producto del modelo neoliberal y de las políticas públicas que privilegian al capital privado, menospreciando a los sectores más vulnerables y a la clase trabajadora que día a día tiene que luchar por sobrevivir con los raquíticos salarios que se pagan en México, aunado al aumento de la delincuencia e inseguridad producto de la lucha de los cárteles de droga que se disputan las plazas en nuestro país —dejamos de ser un área de paso, para convertirnos ahora en un campo fértil para la venta y producción de los diferentes tipos de estupefacientes—, lo que se ha traducido en la pérdida de vidas humanas y desapariciones forzadas de personas, así como el ingreso de miles de jóvenes que ante la falta de empleos y oportunidades, se han vuelto presa fácil de los grupos delincuenciales, nos encontramos con otra cara de este problema: el aumento de la esclavitud en México.
De acuerdo al Índice Global de la Esclavitud elaborado por la Fundación Walk Free y dado a conocer a finales de 2014, en el país, alrededor de 266 mil 900 personas sufren de algún tipo de esclavitud como trabajos forzados o violencia física, lo que significa que ni la cacareada Reforma Laboral y el aumento al gasto en materia de seguridad han servido para evitar este fenómeno que se traduce en una degradación de la dignidad humana y en una forma de explotación que a nadie parece importarle.
El estudio da esta cifra, sin precisar los porcentajes de niños, adolescentes, adultos, hombres o mujeres, pero no hay diferencia si tomamos en cuenta que dependiendo del área o sector donde se les utilice es donde se elige a quien es más idóneo para las tareas.
Cabe preguntarnos al respecto: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de secretarías como la del Trabajo o de la Procuraduría General de la República para solucionar este problema que crece cada día más? ¿Qué vienen haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones estatales para combatir esta problemática?
Ya que estas prácticas igual se presentan en empresas de capital privado o en los grupos de la delincuencia organizada que han encontrado en este mecanismo, mano de obra barata, obligada a llevar a cabo actividades ilícitas y que muchas veces son quienes llegan a las cárceles, quedando libres los responsables del sometimiento de las personas.
Resulta evidente que la delincuencia ha abierto muchos flancos debilitando al estado de Derecho en la nación y que nuestras autoridades han sido rebasadas en esta lucha, ya que el combate a la esclavitud no es el punto más importante de la agenda en materia de seguridad, sino el frenar el incremento del narcotráfico, lo que no se ha logrado en ocho años, desde que Felipe Calderón inició esta guerra, cuyos saldos no conocemos a la fecha y que en este momento coloca a México como uno de los países más violentos del mundo.
No podemos dejar de reconocer también en la esfera local la falta de responsabilidad de los Gobiernos estatales, que no han cumplido con su obligación de dar seguridad a los ciudadanos y combatir eficazmente la delincuencia, por lo que la población está indefensa ante esta grave situación y lo único que nos queda es exigir a las autoridades cumplan con sus responsabilidades, ya que de otra forma seguirá creciendo el Índice de esclavitud hasta niveles de otros países de Asia y África.