Es indudable que una de las principales causas del descontento que priva en contra de las autoridades del gobierno federal y de varios estados del país, es la sistemática violación a los derechos humanos de los ciudadanos, por parte de las diferentes policías y Ministerios Públicos y que ha venido creciendo, bajo los pretextos de la guerra al narcotráfico.
 
La inseguridad que prevalece en varias regiones de México y los altos índices de delitos como el secuestro, la extorsión, la desaparición forzada de personas y los homicidios, a lo que se suma la tendencia de varios Gobiernos estatales por aprobar leyes que criminalizan la protesta social y buscan a toda costa encarcelar a los líderes y defensores de derechos humanos provenientes  de la sociedad civil, sembrándoles todo tipo de delitos y tratándolos como criminales de alto peligro, cuando a quienes deberían perseguir y poner tras las rejas es a los verdaderos jefes de los carteles y grupos delictivos, que se han apoderado de Municipios y amplias regiones del país, cometiendo todo tipo de delitos, sin que las autoridades les pongan el alto, colocando con ello a la población civil en el desamparo y la sospecha de que no pueden pedir el apoyo de las autoridades, porque éstas responden más a los carteles, que a los ciudadanos que con sus impuestos pagan su salario.
 
Así, la reforma en materia de derechos humanos de agosto de 2011, considerada como la más importante de los últimos años por su sentido protector y avance, ha venido quedando en letra muerta en la mayoría de los casos, siendo ignorada o violada por las autoridades, sin el menor recato y sin que se les haya obligado a comparecer ante los Congresos locales o el Senado a explicar del porqué de su negativa a acatar una recomendación de los organismos defensores de los derechos humanos a nivel estatal y nacional, según corresponda.
 
El tema puede dar para un análisis más profundo; sin embargo, desde mi punto de vista, considero que uno de los principales responsables de solapar y hacer comparsa de las violaciones de derechos humanos que se cometen por las autoridades estatales y Municipales, son precisamente los Presidentes de las Comisiones de derechos humanos de los Estados, que llegan al puesto por un acuerdo político de las bancadas de los partidos, con el visto bueno del Gobernador en funciones y que administran a dichos organismos como Secretarías o como una dependencia más del Gobierno, sin tener conciencia del peso y la responsabilidad que entrañan su cargo.
 
Simulan defender a los ciudadanos y terminan haciendo un trabajo vergonzante, obvio con la complicidad de los Congresos locales y autoridades a quienes el tema poco les preocupa y menos los ocupa.
 
¿De qué nos sirve a los ciudadanos acudir a estas Comisiones si son extensiones del propio poder a quien deberían cuestionar y cuyo compromiso es con quién los hizo llegar al cargo?
 
Por ello, considero que lo mejor es que desaparezcan las Comisiones Estatales de derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de un concurso público, designe un delegado en cada estado para que se garantice una plena autonomía de su actuación, ante las autoridades de cada gobierno y se logren hacer de lado los compromisos políticos y acuerdos de los señores feudales, perdón: Gobernadores, que han hecho y deshecho localmente del tema de los derechos humanos, que dicen respetar sólo en el discurso, ya que en los hechos nadie, ni la CNDH, ni el Congreso de la Unión han podido poner freno a las arbitrariedades de sus policías.
 
Es hora, de que nuestros legisladores practiquen una cirugía a fondo, ya que de no hacerlo así, México seguirá acumulando expedientes por denuncias de violaciones de derechos humanosante los organismos internacionales, como hasta ahora viene sucediendo.