Con el anuncio del presidente Peña Nieto al inicio de su gobierno, de impulsar la creación de un órgano encargado de combatir la corrupción y la intención de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, así como sus diez propuestas para combatir la infiltración de los grupos delictivos en los Gobiernos Municipales —como en el caso de la Policía de Iguala, Guerrero—, considero que el grave problema de la corrupción gubernamental no será resuelto con planes y propuestas de reformas legislativas, mientras no se agraven las penas para los funcionarios públicos que incurran en delitos como peculado,  enriquecimiento inexplicable y colusión con la delincuencia organizada; además, de que estos delitos sean considerados como graves, es decir, sin derecho a que los inculpados puedan salir bajo fianza.
 
Quizás lo que ha faltado en México, para establecer en forma real y definitiva una guerra contra los corruptos, es buscar sancionarla desde las altas esferas del poder y que los ciudadanos seamos testigos de que puede pisar la cárcel cualquier funcionario que, aun y cuando ejerza el poder, haya incurrido en actos de corrupción.
 
Todavía siguen siendo muy pocos los casos en que ex funcionarios como Presidentes Municipales, Gobernadores, Secretarios de estado han sido denunciados y posteriormente procesados por la comisión de estos delitos.
 
La regla general en el sistema de procuración de justicia en México es que quien o quienes tengan un buen padrino o varios, difícilmente pisarán la prisión, aunque existan contra ellos varias denuncias y pruebas contundentes de su culpabilidad, no saldrá una orden de aprehensión que los prive de su libertad y, lo más seguro, es que sus conductas queden impunes y continúen con su carrera delictiva ocupando cargos políticos, sin que a nadie le preocupe esta situación o, más bien, aunque nos preocupe y estemos en contra de su forma de actuar, prevalecerán los intereses de quienes los protegen, antes que el malestar o inconformidad ciudadana.
 
Algunos analistas señalan que a nadie asombra que los políticos se enriquezcan o cometan peculado, ya que es parte de su trabajo y para eso buscan los puestos, incluso se ha llegado a decir que quienes tienen un cargo, sino se benefician ellos o sus familiares haciendo negocios, son unos tontos o ignorantes de para qué sirve el poder.
 
El Informe País sobre la calidad de la Ciudadanía en México, presentado por el INE en Noviembre pasado, no hace más que confirmar lo que muchos ya sabemos acerca de la desconfianza que tienen los ciudadanos de la clase política, diputados y Partidos Políticos, a quienes ya nadie les cree que sirvan para algo o que no devenguen su salario. Ya se acepta y, de alguna forma, se disculpa que actúen de esa forma, es decir, los ciudadanos ven como natural la forma de proceder de los legisladores, quienes vienen siendo algo negativo, pero contra quienes nada se puede hacer porque cada uno de nosotros está ocupado en sus propios asuntos.
 
Los mexicanos no sólo estamos hartos y cansados de los grupos políticos que controlan la nación, también decepcionados y muchos realmente enojados porque las cosas no parecen cambiar y, por el contrario, oímos discursos de funcionarios que hablan en contra de los corruptos, pero sin calidad moral, al criticar a sus pares, cuando también cuentan con un negro historial de actos de corrupción.
 
Ante esto, ¿quién o quiénes podemos confían en sus palabras? Nadie, porque para variar, nos dicen muchas cosas, menos la verdad sobre lo que deben hacer para mejorar la situación de falta de credibilidad que tenemos los ciudadanos hacia ellos.
 
Mientras no se hagan cambios de fondo en las instituciones, México no saldrá de la crisis que vive por una corrupción que ya alcanzó todos los ámbitos del poder y rebaso niveles inimaginables.
 
Bienvenidas las ideas ciudadanas para lograr un verdadero cambio.