Como lo propuse en una de mis columnas anteriores y ante la gravedad de la crisis que vive nuestro país por los actos de violencia y represión llevados a cabo en Tlatlaya, en el Estado de México, con la ejecución de más de 23 presuntos delincuentes a manos de elementos del ejército mexicano  y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, perpetrada por elementos de la Policía Municipal de ese lugar junto con integrantes del grupo delincuencial autodenominado “Guerreros Unidos” y que, de acuerdo a las últimas investigaciones de la Procuraduría General de la República, fueron ejecutados y posteriormente quemados, desatando una ola de protestas en casi todo el país y que ha originado que se pronuncien al respecto organizaciones internacionales y varios Gobiernos como el de Estados Unidos, propuse que era necesario que el Presidente Peña Nieto convocara a todas las fuerzas políticas a suscribir un Pacto Nacional en contra de la Violencia.
 
Además, planteé que debería buscar a toda costa reestablecer el Estado de Derecho en todos los lugares en que las autoridades han sido rebasadas por los narcotraficantes, quienes han logrado infiltrar todas las estructuras de Gobierno, desde los Municipios y Gubernaturas de los Estados, logrando incluso colocar a diputados locales, federales y senadores en el Congreso de la Unión al amparo de los Partidos Políticos, que en aras de ganar las elecciones, han pasado por alto los negros antecedentes o vínculos de candidatos que de la noche a la mañana se han convertido en una opción ganadora en los procesos, como ocurrió con José Luis Abarca, ex presidente de Iguala, del que hoy reniegan los dirigentes del PRD y niegan haber apoyado su candidatura; a quien en su momento jamás investigaron sus nexos y origen de los recursos que utilizó para su campaña que le permitió ganar las elecciones.
 
Es así que antes de su viaje a China, el Presidente lanzó públicamente su propuesta a todas las fuerzas políticas del país de firmar lo que denominó un “Pacto Nacional contra la Impunidad y la Violencia” para salir al paso de todas las críticas y condenas que se han hecho a su gobierno por los hechos de violencia mencionados y que vinieron a ensombrecer el eventual éxito de las reformas estructurales que, según su discurso: llevarían al país a mejorar su situación económica y a colocarlo en una mejor posición de competitividad a nivel mundial.
 
Sin embargo, y ante el escándalo originado por la noticia de la existencia de la llamada “Casa Blanca”, propiedad de su esposa y que lo obligó a dar a conocer públicamente su patrimonio personal, considero que el Pacto propuesto debe ser también contra LA CORRUPCIÓN.
 
Lo que implicaría que funcionarios como los Secretarios de Estado, Ministros de la Corte, Diputados Federales, Senadores y Gobernadores hicieran lo propio: que den a conocer a sus gobernados el monto de sus fortunas, debido a que es del dominio público que la gran mayoría no tienen forma de explicar el origen de su patrimonio y el de sus familiares de primer y segundo grado y a las pruebas me remito.
 
Para los mexicanos es inaceptable y causa de indignación la forma escandalosa en que la clase política se enriquece en la mayoría de los casos, a costa del erario o bien, haciendo negocios al amparo del poder con los grupos empresariales, mediante el tráfico de influencias.
 
La crisis que vive el país también significa una gran oportunidad para que Peña Nieto de un golpe de timón y obligue a los funcionarios a transparentar sus bienes y, por qué no decirlo, se investigue y sancione a aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción o tengan nexos con la delincuencia organizada.
 
Sólo así podremos recuperar la confianza en nuestras autoridades y evitar se sigan cometiendo actos de violencia y represión en contra de los ciudadanos.