Ante la gravedad de los últimos acontecimientos sucedidos en el Estado de México, con el caso Tlatlaya, y Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y que han originado el repudio nacional y la condena de organismos internacionales defensores de derechos humanos y de nivel mundial como la unión Europea y la ONU, así como los informes en el sentido de que en una gran parte de Municipios del país y de Gobiernos estatales han sido infiltrados por grupos de la delincuencia organizada y del narcotráfico, que no sólo apoyaron las campañas electorales de las autoridades, sino que también lograron colocar gente de sus grupos en los cuerpos policiales y mandos en las áreas de seguridad, me pregunto:
 
¿Hasta dónde nuestras autoridades han sido rebasadas por la delincuencia? ¿Qué medidas deben tomarse para evitar que México se sumerja completamente en esta espiral de violencia y desconfianza que sufre la ciudadanía?
 
Porque ya resulta humanamente imposible creer las versiones oficiales que nos han dicho. Primero, que son casos aislados y que el país se encuentra en calma recibiendo inversiones y con una economía estable. Otros, que si bien existen algunos Estados con problemas, las autoridades de seguridad y procuración de justicia, con el apoyo del ejército y la marina, trabajan en forma coordinada en la detención de estos cárteles.
 
También se ha dicho que el incremento en el gasto público para estos cuerpos de seguridad y la creación de la gendarmería nacional, darán resultados en poco tiempo para garantizar la seguridad pública en el territorio nacional.
 
Y así podemos revisar muchas declaraciones y anuncios de que el país va por la senda correcta en esta materia; sin embargo, actos tan violentos como los mencionados, nos demuestran lo contrario.
 
A estas alturas del problema, creo que ya no sólo debe ocupar a las autoridades de los tres órganos de gobierno —legislativo, judicial y partidos políticos—  sino a todos los ciudadanos que vivimos en este país y que deseamos vivir con paz y seguridad pública para nosotros y nuestros hijos; de ahí que considero que se requiere un análisis y autocritica a nuestro aparato de gobierno y haciendo de lado los intereses económicos y partidistas de los diferentes grupos suscribir un PACTO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, que prevalezca desde las altas esferas donde se toman las decisiones más importantes, hasta los gobiernos municipales de todo el país, porque los ciudadanos ya estamos cansados de organismos y entidades como los órganos de fiscalización, las contralorías y la forma en que los Congresos, federal y estatales, negocien todo a espaldas de los ciudadanos.Desde la aprobación de una cuenta pública irregular, hasta el encubrimiento del desvió de recursos públicos hacia las campañas o en su beneficio personal.

México está plagado de casos de funcionarios que han incurrido en enriquecimiento inexplicable, peculado y otro ilícitos y a pesar de ello, cuando hay denuncias en su contra, son archivadas por las procuradurías o negociadas políticamente para beneficiar o perjudicar a determinados grupos.
 
No es posible que continúe esta crítica situación en el país, porque ¿cuál es el mensaje que le estamos enviando a las futuras generaciones? Con tanta impunidad, se deteriora el estado de derecho y aumenta la corrupción, destruyendo la confianza ciudadana.
 
Aún es tiempo y estoy convencido que en esta tarea, todos debemos apoyar para construir una renovación de lo que debe ser la ética y honestidad de los funcionarios públicos, sólo así podremos detener a los grupos de la delincuencia organizada y dejar de ser uno de los países más corruptos a nivel mundial.
 
 Ahí se lo dejo de tarea a los líderes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil.