Ante el cierre eventual del proceso de las llamadas reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, acordadas dentro del denominado Pacto por México suscrito entre los líderes de los tres principales partidos políticos PAN, PRI Y PRD y que más que responder al interés de la mayoría de los ciudadanos, se enmarcan dentro de los lineamientos de la OCDE y organismos internacionales, nos queda muy claro que lo que ha prevalecido desde el inicio de este proceso, es la desinformación y la manipulación de la información, con lo que los ciudadanos seguiremos cargando por muchos años, por la falta de interés en algunos casos y por ignorancia ya que en algunas materias los temas son tan técnicos que el mexicano común no podría comprender su impacto, aún y cuando tuviera una carrera universitaria.
La discusión en el seno de las Cámaras —de diputados y senadores— no se dio con el nivel que el caso ameritaba, sino que por la premura de los tiempos, estoy seguro que un alto porcentaje de los legisladores ignoran lo que aprobaron y sería imposible que nos pudieran explicar cuáles serán los beneficios para los ciudadanos y mucho menos una fecha precisa para que sean palpables los mismos.
Temas tan especializados como el fiscal, energético, telecomunicaciones y educativo requerirían de un conocimiento mediano de lo que regulan, lo que no ocurre en la mayoría de nuestros “representantes en ambas cámaras” cuyo nivel de escolaridad, comparado con los de otros países, se coloca por debajo y la toma de decisiones se sigue concentrando en las cúpulas de los partidos, cuya línea sólo es bajada a los diputados y senadores, cuando los detalles de cada reforma ya han sido definidos en reuniones cerradas.
Temas como la rendición de cuentas, combate a la corrupción y el gasto de los gobiernos municipales, estatales y federal en materia de imagen y publicidad deberán esperar un mejor momento, si es que algún día se llegan a proponer reformas a fondo y somos testigos, como ya ocurre en otros países, del encarcelamiento de un ex secretario de Estado o un ex presidente, ya que la máxima que rige en estos casos es la de no aplicar la ley al antecesor, por el riesgo de que le suceda lo mismo al funcionario cuando termine su encargo.
Así vemos pasar administraciones, se dan a conocer los escándalos de corrupción y al final somos testigos, de que el asunto se negoció o bien, de que se manda al archivo muerto para ser usado cuando convenga a los intereses del grupo gobernante.
Por eso, muchos mexicanos somos escépticos sobre las virtudes de estas reformas anunciadas como lo mejor que le ha pasado al país en los últimos años. De equivocarse de nuevo nuestros gobernantes pasarán a la historia con el nombre de quienes vendieron lo único que nos quedaba como riqueza, como el petróleo. Al tiempo.
El costo de la corrupción
De acuerdo con Transparencia Mexicana, en el país se cometen anualmente más de 200 millones de actos de corrupción, con un costo aproximado de 400 mil millones de pesos.
En el mismo tenor, la organización Transparencia Internacional publicó este martes su Índice de Percepción de la Corrupción 2013 y ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo.
Cayó un lugar, con respecto a 2012, cuando se ubicó en el puesto 105, en la misma medición; sin embargo, entonces participaron 176 países. El estudio ofrece un ranking global en el que constata la percepción de la corrupción en cada país.
Canadá fue el país mejor ocupado del continente en el lugar nueve. Uruguay fue la nación de América Latina en una mejor posición, ya que quedó ubicado en la posición 19, seguido de Chile en el lugar 22.
Otro dato alarmante de esta medición es que en el índice que se construye en una escala que va de 0, donde la percepción de corrupción es más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es menor, México obtuvo una calificación de 34 puntos, igual que en 2012.