En febrero del presente año, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó la creación de la mal llamada COMISIÓN ORDINARIA DE LA FAMILIA Y EL DESARROLLO HUMANO, que se formalizó el 12 de junio bajo la presidencia del senador panista José María Martínez Martínez y del coordinador de la bancada del PAN en el senado, Jorge Luis Preciado.
 
Las primeras declaraciones del Presidente de esta comisión fueron “cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias, o incluso, que nos llevan a pensar en la muerte”, con este discurso ultraderechista lanzó un grito de guerra a figuras jurídicas como la unión de personas del mismo sexo, discurso complementado por su correligionario Jorge Luis Preciado al declarar ante los medios de comunicación, que las mujeres eran “vehículos” para la procreación y que la nueva comisión defenderá “la vida desde la concepción hasta la muerte”.
 
Dichas declaraciones y actitud de los senadores panistas, originaron una serie de reacciones de rechazo y condena de parte de organizaciones de la sociedad civil con una campaña promovida en el sitio www.change.org  integrada por miembros de la comunidad lésbico-gay y transgénero pidiendo al Senado la disolución de dicha Comisión.
 
A la par, otros senadores del PRI y PVEM plantearon un deslinde público de las posturas asumidas por los miembros de dicha Comisión. Resulta increíble que a estas alturas y en la época en que vivimos, persistan este tipo de ideologías,  que insisten en reconocer a un solo tipo de familia, que según el senador Martínez consiste en “esa familia que nos significa a todos los mexicanos”  y que explica como aquella integrada por papá, mamá e hijos; con su declaración trata de desconocer que existen otro tipo de formas de familias que viven en este país y que tienen derecho a ser reconocidas y a que el Estado mexicano les garantice condiciones para su subsistencia, como las familias monoparentales (que son aquellas donde sólo existe un padre o madre e hijos, es decir, sin pareja), familias integradas por dos personas del mismo sexo que en México se calcula existen  en un porcentaje del 10% a nivel nacional.
 
Lo que significa que la llamada “familia tradicional” en el país representa —si acaso— el 50% del total de familias. Por ello, son preocupantes las posturas asumidas por los miembros del senado, que dispondrán de recursos públicos para echar a andar campañas en contra de las madres solteras, homosexuales, grupos lésbicos, sobre el derecho a decidir de las mujeres, derechos de los transexuales,  e incluso sobre el uso de la píldora anticonceptiva y del condón.
 
No comprenden que las personas con orientaciones sexuales diversas, no son “antinaturales” ni “desviados”, no son “invertidos sexuales”, sin que tengan que ver con su condición social o económica. No son capaces de visualizar la diversidad sexual desde la perspectiva de los derechos humanos, ni de respetar el principio de la igualdad y la no discriminación, y el derecho a la diferencia. Pasan por alto que nuestro país protege y garantiza el derecho de las personas con orientaciones sexuales diversas, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (artículo 1), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 2 y 7), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2), en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), en las sentencias y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Ley  General para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
 
Ante este panorama, cabe preguntarse ¿qué hemos hecho los mexicanos para merecer que legisladores como Martínez y Preciado encabecen una comisión aplicando una pensamiento del siglo XIX?