En los próximos días y como generalmente ocurre con los cambios de administración de todos los niveles, sea del orden federal, estatal o Municipal, seremos testigos de una serie de despidos injustificados de personal de todas las áreas que laboraron en las administraciones anteriores, cuyo pecado es precisamente haber trabajado para los que se fueron y no tendrán la oportunidad ni de ser evaluados para saber si por sus méritos profesionales o su experiencia deben seguir ocupando los cargos que desempeñaban; o bien, si como resultado de la evaluación y los cambios de dependencias o reestructuración de áreas se determina que carecen de los requisitos para ser recontratados o que su labor ya no es necesaria.
Esto sería lo justo en un país con una mediana cultura laboral y de respeto a los derechos humanos; sin embargo, ocurrirá todo lo contrario, ya que seguramente se les exigirá su renuncia sin derecho a inconformarse y además se les despedirá sin derecho a una liquidación conforme a la ley.
Todo esto ocurre en forma sistemática y la lógica que aplica en quienes viven de los puestos de Gobierno, es “ni modo, así estaba previsto y ni para reclamar o demandar, ya que seguramente me pasarán a la lista negra y nunca volveré a trabajar en la administración pública”.
Ante este panorama cabe hacernos varios cuestionamientos: ¿Qué sentido tiene que un trabajador desarrolle en forma excelente e incorruptible su trabajo, si al cambio de administración o de titular de su dependencia nadie valorará sus resultados y será despedido? ¿De qué le sirve contar con estudios profesionales y experiencia en el puesto, si nunca tendrá garantizada la estabilidad laboral en su puesto? ¿Dónde queda el servicio civil de carrera, cuando es lo que menos se toma en cuenta a la hora de recontratar o contratar nuevo personal? Todas estas preguntas se las hacen en estos momentos muchos de los trabajadores de los doscientos diecisiete Municipios de Puebla a los que ya se les pidió su renuncia o se les está despidiendo en forma injustificada por cuestiones de orden político.
En los discursos de los candidatos a estos puestos, sea como Gobernador o Presidente Municipal, cuando les toca visitar a los trabajadores de las dependencias generalmente se les promete respetar sus derechos laborales y que de ganar la elección no habrá despidos y todo ello aun y cuando hay quienes lo firman como promesa de campaña ante Notario Público; se convierte en letra muerta, porque no tiene ningún valor jurídico y en los hechos, se queda en una más de las promesas incumplidas de dichos funcionarios.
El menosprecio al Servicio Civil de Carrera y la poca seriedad que le dan nuestros gobernantes, ha hecho que se cometan graves injusticias y que se incurra en las viejas prácticas de la improvisación en los puestos, las influencias en las recomendaciones y el pago de facturas políticas, situaciones que al final de cuentas pagamos los ciudadanos al acudir a las dependencias y encontrarnos a personal incompetente o que se encuentra en proceso de aleccionamiento en su puesto, originando con ello más burocratismo y atraso en los tramites a un costo económico y social que se traduce muchas veces en corrupción que se propicia por la desesperación del ciudadano en ver resuelto su trámite.
Ojalá que nuestros gobernantes cambien estos esquemas y sin distingos de partidos e intereses respeten el servicio civil de carrera, para dar mejores servicios públicos. De no hacerlo, la corrupción seguirá ganando esta lucha como hasta ahora.