Sin duda que el tema sindical universitario se está convirtiendo en un asunto que debe ser atendido por las autoridades federales y las estatales, y es que a partir de que fueron electos los nuevos legisladores, que en septiembre tomarán las riendas del Congreso de la Unión, deberán considerar a uno de los sectores que en 50 años han sido marginados de las políticas laborales y económicas del país, provocando con ello que el bolsillo de los trabajadores de las universidades públicas tenga un enorme agujero.
Una prueba de esta marginación laboral, comparada con el magisterio poblano y otros sectores del país, es que los aumentos salariales y en ocasiones algunas prestaciones “no se miden con la misma vara", provocando así una gran diferencia laboral.
Esta inequidad se debe principalmente al dispendio político que se hace para favorecer, por ejemplo, a los maestros que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que suman más de un millón 700 mil integrantes, que a los 250 mil profesores-investigadores y administrativos de las universidades públicas.
La razón es muy simple, si hablamos de aritmética electoral, ya que el número de votos para ganar una elección ya sea estatal o federal se mide por la cantidad de maestros que pueden llevar a un partido o a un candidato al triunfo, mientras que en el caso de los trabajadores universitarios sus potencial no es tan abundante como los del SNTE, aunque 250 mil en un momento dado pueden ser una cantidad atractiva a la vista de cualquiera.
El punto no es este. Los sindicatos universitarios saben que han sido burlados por las mismas autoridades federales y por los legisladores, a quienes han visitado en innumerables ocasiones para exigirles apoyo, y obtener salarios y prestaciones dignos, que estén por encima de la inflación.
Sin embargo, las visitas y los acuerdos que supuestamente asumen como suyos los diputados, simplemente se quedan guardados en el escritorio, es decir los discursos y promesas de los representantes del Congreso federal se vuelven estériles.
Esto lo vimos durante el pasado plantón de septiembre de 2014, donde más de 20 mil académicos y trabajadores administrativos que integran los sindicatos adheridos a la CONTU, se manifestaron y se entrevistaron con los diputados para entregarles un pliego petitorio.
En aquella ocasión, una comisión de legisladores los recibió, y se comprometieron en llevar a la tribuna sus propuestas con el fin de eliminar el tope salarial, de dar mejores prestaciones, de dar solución al problema de las jubilaciones y pensiones, así como de garantizar a la educación superior pública un presupuesto superior al 1 por ciento del PIB.
Tanta fue la emoción de los diputados federales que hasta se atrevieron a lanzar la puntada de gestionar para el presupuesto de este año, una iniciativa para que el dinero proveniente del narcotráfico fuera para las universidades públicas, propuesta que sólo quedó en una verborrea barata y ocurrente, sacada de la imaginación y fantasía legislativa.
El resultado, al final del plantón de la CONTU en la sede de San Lázaro, fue un aumento de 3.4 por ciento y 2.2 por ciento para todos los trabajadores universitarios del país, es decir pese a las solicitudes de los sindicatos universitarios y de los mismos rectores, a través de la ANUIES, para desaparecer el tope salarial, este fue impuesto un año más sin importarles que tanto se verían afectados los académicos y administrativos de la educación superior pública.
A esta decisión del gobierno federal, bajo la aprobación del Congreso de la Unión, instituciones como la BUAP, tuvieron que diseñar mecanismos de equidad laboral para favorecer a sus trabajadores, principalmente a los no académicos que menos ganan.
De este pastel de 3.4 por ciento, en un acto solidario los funcionarios y trabajadores con puestos directivos o jefes de área decidieron ceder su rebanada para que el sector más golpeado por la política económica de los topes salariales recibiera un pedazo más grande del 8 por ciento de aumento salarial.
La medida acordada en las pasadas negociaciones entre los sindicatos y las autoridades universitarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, permitió que el trabajador administrativo en activo que menos salario recibe, es decir, el que tiene que madrugar para ir a sus labores cotidianas, el que tiene tomar el transporte público para llegar a sus centros de trabajo, el que tiene que darle dinero a su familia para proveerla de alimentación, salud y educación, pudiera obtener ese beneficio con el aumento del 8 por ciento, y así, ir reduciendo poco a poco las brechas salariales que hay con los que más ganan.
El resto de los trabajadores universitarios, como los académicos recibieron su aumento del 3.4 por ciento, al igual que los jubilados, quienes por poner un ejemplo, algunos universitarios que obtuvieron esta prestación tras 25 años de labores; por así decir, en 2007 que fue antes de la reforma para dejar la jubilación en 33 años, los universitarios que dejaron de ser activos para convertirse en trabajadores pasivos en la BUAP, han recibido en 10 años aproximadamente los aumentos salariales aprobados por el Gobierno Federal, por lo que este año no fue la excepción.
Con este ejemplo, podemos darnos cuenta que las universidades públicas tienen que arrastrar con las decisiones, tal vez equivocadas, de las autoridades federales al definir los aumentos tanto para el subsidio universitario como para los salarios muy pobres, sin tomar en cuenta las necesidades reales de los académicos y no académicos, imponiendo topes que complican a las instituciones educativas, y que como en el caso de BUAP, se tuvieron que aplicar estrategias económica humana y equitativa, que sin salirse del 3.4 por ciento, se buscó favorecer a los trabajadores no académicos que menos ganan.
Los nuevos diputados deberán analizar las demandas y propuestas que los sindicatos universitarios presenten, con el fin de atender a un sector marginado por la misma globalización, y que hoy los 500 que integrarán la LXIII Legislatura, y que empezarán con sus funciones a partir del 1 de septiembre, tendrán en sus manos la respuestas y la soluciones que la educación superior demanda, sobre todo en los aspectos de salarios y prestaciones.
“La superstición, la idolatría y la hipocresía cuentan con grandes salarios, la verdad es mendiga...”
Martín Lutero.
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