- La Secretaría Anticorrupción identificó contrataciones por 2 mil 740.3 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas; el Gobierno federal plantea fortalecer Talleres Gráficos de México para la producción de material electoral
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los resultados de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre una presunta red empresarial relacionada con contrataciones de materiales y servicios electorales, cuya operación, de acuerdo con los antecedentes presentados, se remonta a 1989 y tuvo una expansión durante el periodo de 2015 a 2023.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas han mantenido relaciones comerciales con organismos electorales de distintas entidades durante casi tres décadas. Sostuvo que es necesario esclarecer el origen de estas contrataciones, revisar los procedimientos de adjudicación y transparentar el destino de los recursos públicos.
Sheinbaum precisó que la investigación se realizó a partir de información de fuentes abiertas y que los posibles actos ilegales deberán ser determinados por las autoridades fiscalizadoras y ministeriales. También señaló que los antecedentes de esta red empresarial son anteriores a la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Como parte de las medidas para modificar el esquema de adquisición de materiales electorales, anunció que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, mediante la incorporación de más dependencias federales y representantes de instituciones académicas a su Consejo de Administración. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) participaría como observadora.
La propuesta contempla que esta empresa del Estado mexicano fabrique materiales electorales, mientras que otros insumos puedan adquirirse a través de proveedores nacionales.
Contrataciones electorales con antecedentes desde los años ochenta
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una cronología sobre el origen y la evolución de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
Explicó que entre 1983 y 1988 ambos tuvieron vínculos laborales con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación. En ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del organismo, mientras que Raymundo Hernández Casillas trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales.
En 1988 se constituyó Cartonera Plástica y, un año después, José Alfredo Hernández Casillas se incorporó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde también trabajó su hermano.
Posteriormente, en 1992, se constituyó la empresa Formas Finas Fernando Fernández, relacionada con Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La secretaria detalló que en 1999 Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México y que en 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral de esa entidad para suministrar material electoral. Ese mismo año se registraron denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
Entre 2012 y 2013, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas ampliaron su participación en contrataciones con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Expansión de contratos durante 2015-2023
Buenrostro Sánchez señaló que, tras la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE asumió la designación de consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE), facultad que anteriormente correspondía a los congresos estatales.
De acuerdo con la información expuesta, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLE adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
Para el periodo 2024-2025, la funcionaria identificó otros 646.3 millones de pesos en contratos con 15 organismos electorales locales, lo que representa un acumulado de 2 mil 740.3 millones de pesos en las operaciones señaladas.
La secretaria también expuso presuntos vínculos políticos entre Juan Carlos Padilla Aguilar y el partido SOMOS, en el que coinciden figuras relacionadas con la trayectoria institucional electoral, entre ellas Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
En cuanto a las responsabilidades institucionales, explicó que el INE es un organismo autónomo y que corresponde a su órgano interno de control y a las instancias fiscalizadoras revisar las posibles irregularidades. La ASF deberá identificar las faltas administrativas y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera.
Finalmente, el Gobierno federal señaló que la revisión de estos antecedentes busca fortalecer los mecanismos de transparencia y prevención de irregularidades en las contrataciones públicas, así como modificar los esquemas de adquisición de materiales electorales para garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
