- La iniciativa de Soledad Amieva plantea explicaciones accesibles y entrevistas reservadas cuando existan indicios de presión, engaño o aprovechamiento indebido
CIUDAD DE PUEBLA.- La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para que las notarías refuercen las medidas de protección en operaciones patrimoniales de personas mayores cuando existan indicios fundados de presión, engaño, conflicto de interés o dificultades para expresar una decisión libre e informada.
La propuesta de reforma a la Ley del Notariado del Estado de Puebla plantea incorporar un deber de diligencia reforzada. En esos casos, la persona titular de la notaría deberá explicar de manera clara, suficiente y accesible la naturaleza de la operación, sus consecuencias jurídicas, las obligaciones que implica y sus posibles efectos sobre el patrimonio.
También contempla realizar una entrevista directa y reservada con la persona interesada cuando las circunstancias lo justifiquen, para verificar que su decisión esté libre de presiones externas.
El encuentro deberá garantizar privacidad, respeto y accesibilidad, sin excluir injustificadamente a las personas de apoyo o intérpretes que la persona otorgante requiera o elija. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Plantean fortalecer respuesta ante sobredosis por opioides
Amieva Zamora también presentó una propuesta para que el Congreso de Puebla someta a consideración del Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Salud, orientada a favorecer el acceso oportuno a naloxona como instrumento de respuesta ante emergencias por opioides.
El planteamiento incluye información, capacitación, reducción de riesgos y daños, atención de urgencia, vigilancia epidemiológica y vinculación posterior con servicios de tratamiento, sin menoscabar las facultades de la autoridad sanitaria federal. Fue enviado a la Comisión de Salud.
Presentan iniciativas sobre transporte, seguridad y atención a víctimas
Durante la sesión, Rosalío Zanatta Vidaurri propuso reconocer en la Ley de Transporte el derecho a contar con asientos y espacios preferentes para personas con discapacidad, personas mayores y mujeres, especialmente embarazadas o con niñas o niños en brazos. La iniciativa también busca prevenir el acoso sexual.
En materia de protección de menores de edad, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta planteó reformar el Código Penal para sancionar la promoción, publicidad, difusión, gestión u oferta de material de explotación sexual mediante anuncios, redes sociales y otras tecnologías, con fines de distribución, comercialización o acceso.
Araceli Celestino Rosas propuso que las instituciones de salud informen sobre sus derechos a las personas cuyo ingreso derive de un hecho probablemente delictivo, una vez estabilizada su condición. También presentó una iniciativa para incorporar lenguaje incluyente en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, sin modificar derechos, obligaciones o atribuciones.
Por su parte, Delfina Pozos Vergara planteó establecer la atención prioritaria de zonas con alta incidencia delictiva. La intervención se sustentaría en estadísticas, denuncias, investigaciones y mapas delictivos para identificar territorios, corredores comerciales, mercados y espacios públicos que requieran acciones focalizadas.
Buscan garantizar mantenimiento de rampas de emergencia
Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para que la gratuidad de las rampas de emergencia en vías estatales esté acompañada de obligaciones de conservación, mantenimiento, señalización, supervisión y funcionamiento adecuado.
La legisladora también propuso incorporar criterios de accesibilidad universal, seguridad, igualdad y sostenibilidad en programas y espacios culturales, deportivos y recreativos, con participación equitativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas.
Finalmente, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez planteó establecer expresamente que los procedimientos de cese o suspensión de personas trabajadoras del Estado estén libres de discriminación.
Las propuestas fueron enviadas a las comisiones correspondientes para su estudio; su presentación no implica que hayan sido aprobadas.
