- Diputadas y diputados presentan iniciativas en materia de medio ambiente, protección animal, asuntos municipales y derechos humanos
CIUDAD DE PUEBLA.- En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, con el propósito de establecer la obligación de instalar y mantener en funcionamiento cajas de cobro físicas y electrónicas en cada una de sus sedes, edificios y distritos judiciales.
El legislador señaló que el avance de la justicia digital debe estar acompañado de alternativas presenciales para evitar barreras de acceso. Consideró que el cobro de derechos por determinados servicios administrativos es válido, pero que el acceso a estos servicios no debería depender de traslados adicionales para realizar pagos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación.
Iniciativas en materia ambiental
Por otra parte, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de reconocer expresamente a la naturaleza como ente sujeto de derechos y establecer obligaciones del Estado para garantizar su protección, conservación, restauración y regeneración.
La propuesta también plantea establecer bases para la protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable y gestión integral del agua.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En materia de bienestar animal, la diputada Elisa Limón Balderrabano y el diputado Miguel Márquez Ríos propusieron reformas a la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla.
La iniciativa busca establecer procedimientos para que la atención de animales víctimas de maltrato no se limite a una intervención inmediata, sino que permita documentar los hechos, conservar elementos disponibles y facilitar la participación de las autoridades competentes, respetando las atribuciones de cada institución.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Actualización del marco municipal y judicial
La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para derogar la fracción XXVIII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de armonizar este ordenamiento con el nuevo régimen de organización judicial del estado, fortalecer la certeza jurídica y contribuir a la actualización del marco normativo.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales.
Asimismo, Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar los artículos transitorios primero y décimo del decreto mediante el cual se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
La propuesta busca fortalecer institucionalmente al Poder Judicial y contribuir a garantizar el acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, con respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Propuestas sobre continuidad de servicios y derechos humanos
Durante la sesión, la Mesa Directiva también dio cuenta de diversas iniciativas.
La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega propusieron adicionar disposiciones a la Ley Orgánica Municipal para establecer que los Ayuntamientos aprueben, durante los últimos 120 días naturales de su periodo constitucional, un Plan de Continuidad de Servicios Públicos.
La propuesta busca establecer un mecanismo que contribuya a que los procesos de transición entre administraciones municipales se desarrollen de manera ordenada y preventiva. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales.
Los mismos legisladores plantearon modificaciones a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, con el propósito de fortalecer la protección frente a actos discriminatorios relacionados con la condición y antecedentes de salud física o mental, así como ante la divulgación no consentida de datos personales sensibles.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos.
Finalmente, Martínez Ayala y Lozada Ortega propusieron reformar y adicionar diversas disposiciones de la misma legislación para incorporar el reconocimiento normativo del Diseño Universal.
La propuesta plantea que productos, entornos, programas y servicios sean diseñados para que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin requerir adaptaciones o diseños especializados.
La iniciativa también fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.
