vie, Nov 20, 2026

Puebla, Pue. México

Proponen en Puebla prohibir el espionaje digital con fines políticos y de intimidación

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  • La diputada Delfina Pozos presentó una iniciativa para regular el uso de tecnologías de vigilancia por instituciones públicas y proteger los datos personales de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos

CIUDAD DE PUEBLA.- El uso de herramientas tecnológicas para vigilar comunicaciones, rastrear ubicaciones o extraer información de dispositivos electrónicos podría quedar sujeto a controles legales más estrictos en Puebla, mediante una iniciativa presentada por la diputada Delfina Pozos Vergara para prevenir el espionaje digital y evitar su utilización con fines de persecución política, intimidación o represalia.

La propuesta plantea reformar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla para establecer límites al empleo de tecnologías de vigilancia por parte de instituciones públicas y fortalecer la protección de los derechos a la privacidad y a la información personal.

Uno de los principales objetivos es prohibir expresamente el uso de estas herramientas para vigilar a personas por motivos políticos o por el ejercicio legítimo de sus actividades, con especial atención a periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos y actores políticos.

La legisladora advirtió en su iniciativa que tecnologías como los sistemas de geolocalización, el monitoreo digital, el análisis de comunicaciones y la extracción de datos de teléfonos celulares o computadoras pueden contribuir a la investigación de delitos, pero también representar riesgos para los derechos humanos cuando se utilizan sin controles adecuados.

Para evitar posibles abusos, la reforma propone que toda operación de vigilancia y tratamiento de información digital cumpla con los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Además, contempla la creación de registros y bitácoras que permitan identificar las operaciones de extracción, consulta, análisis y transferencia de datos, con el propósito de facilitar su supervisión y detectar posibles irregularidades.

La iniciativa también busca fortalecer los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas, así como establecer responsabilidades administrativas para quienes utilicen tecnologías de vigilancia fuera de las atribuciones legales de las instituciones.

Pozos Vergara precisó que la propuesta no pretende limitar las investigaciones ministeriales ni las actividades legítimas de seguridad pública, sino establecer garantías para que estas se desarrollen con respeto a los derechos humanos y bajo los controles constitucionales correspondientes.

De aprobarse, las modificaciones incorporarían disposiciones específicas para prevenir el uso indebido de herramientas de vigilancia digital por parte de los sujetos obligados, en un contexto en el que el avance tecnológico plantea nuevos desafíos para la protección de la privacidad y las libertades fundamentales.