mié, Sep 9, 2026

Puebla, Pue. México

Paquete Económico 2027 apuesta por educación, salud e inversión ante un escenario de menor crecimiento

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  • Hacienda proyecta un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5% y un gasto público superior a 10.6 billones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, propuesta financiera con la que el Gobierno de México busca mantener los programas de bienestar, fortalecer sectores estratégicos e impulsar la inversión, al mismo tiempo que plantea una reducción del déficit público.

El documento fue entregado el Pasado 8 de septiembre por el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, con lo que inició formalmente el proceso de análisis y discusión del presupuesto para el próximo año. La documentación incluye los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y las propuestas fiscales correspondientes.

El proyecto contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, monto que representa un incremento nominal respecto al presupuesto aprobado para 2026, aunque en términos reales prácticamente se mantiene estable.

Menor expectativa de crecimiento para 2027

Uno de los principales elementos del paquete es la revisión a la baja de las expectativas económicas. Hacienda estima que México crecerá entre 1.5 y 2.5% durante 2027, con una proyección puntual de 2%.

La previsión es inferior a la planteada en abril en los Pre-Criterios de Política Económica, cuando se estimaba un crecimiento de entre 1.9 y 2.9% para el próximo año. Para 2026, la SHCP también redujo su expectativa a un rango de entre 1 y 2%.

El escenario presupuestario considera una inflación de 3%, un tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar y un precio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril.

Consolidación fiscal, sin nuevos impuestos

La estrategia planteada por Hacienda busca avanzar en la consolidación de las finanzas públicas y reducir los requerimientos financieros del sector público a 3.9% del PIB durante 2027.

El Gobierno federal ha señalado que el proyecto no contempla la creación de nuevos impuestos, sino modificaciones y mecanismos para fortalecer la recaudación y combatir la evasión fiscal.

Entre las propuestas destaca una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para cerrar espacios a prácticas de evasión y elusión, particularmente mediante un mayor control sobre deducciones y el uso de empresas factureras. También se plantea fortalecer la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a combustibles, como parte de la estrategia contra el denominado “huachicol fiscal”.

Hacienda estima que los ingresos tributarios alcancen un nivel equivalente a 15.9% del PIB, con una recaudación superior a los 6 billones de pesos.

Educación y salud concentran recursos

Dentro de las prioridades del proyecto destacan educación y salud, sectores directamente vinculados con el bienestar y el desarrollo social.

Para educación se plantea una asignación de aproximadamente 1.3 billones de pesos, con un incremento superior a 7% respecto al presupuesto de 2026. Los recursos permitirán continuar con acciones de fortalecimiento del sistema educativo público y la construcción y rehabilitación de planteles de educación básica, media superior y superior.

En salud se contemplan alrededor de 1.1 billones de pesos, 10.9% más que en 2026, destinados a ampliar la cobertura, fortalecer infraestructura y garantizar el abasto de medicamentos.

El proyecto también contempla dar continuidad a Salud Casa por Casa, programa dirigido principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad, así como avanzar en el denominado Servicio Universal de Salud.

Programas sociales e infraestructura

La política social seguirá siendo uno de los componentes centrales del gasto federal. Hacienda estima canalizar recursos equivalentes a 2.6% del PIB a los programas sociales prioritarios, con una cobertura cercana a 43 millones de personas.

A la par, el Gobierno federal plantea destinar 2.6% del PIB a inversión física presupuestaria, con proyectos orientados a infraestructura, conectividad, servicios y fortalecimiento de la capacidad productiva.

La propuesta parte de la premisa de que el gasto público debe atender las necesidades sociales actuales, pero también generar condiciones para incrementar la productividad y el crecimiento económico en los próximos años.

Pemex, otro de los puntos estratégicos

El paquete también contempla medidas para fortalecer las finanzas de las empresas públicas del Estado. Para Petróleos Mexicanos (Pemex) se plantea alcanzar un superávit financiero de aproximadamente 95 mil millones de pesos, apoyado tanto en los esfuerzos de la empresa como en una transferencia del Gobierno federal.

El objetivo es mejorar su posición financiera y reducir gradualmente sus niveles de endeudamiento.

Comienza el debate legislativo

Con la entrega del Paquete Económico 2027, corresponde ahora a la Cámara de Diputados iniciar el análisis de las propuestas de ingresos y gasto público.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, señaló que la discusión deberá realizarse mediante el diálogo entre los grupos parlamentarios y con especial atención a los sectores más vulnerables.

El proceso legislativo tendrá como uno de sus principales retos equilibrar la reducción del déficit con las necesidades crecientes de gasto social, infraestructura, educación, salud y seguridad.

Para México, el debate presupuestario de 2027 se desarrollará además en un contexto internacional marcado por incertidumbre económica, presiones inflacionarias y un menor dinamismo de algunas economías.

El Paquete Económico plantea, en este escenario, una ruta basada en disciplina fiscal, mayor recaudación, continuidad de los programas sociales y fortalecimiento de la inversión pública, mientras el Congreso deberá determinar si las prioridades y montos propuestos responden a las necesidades económicas y sociales del país.