- En 2024, 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones sin servicios de salud; 63 millones no tenían acceso a la seguridad social y 18 millones a los servicios básicos en sus viviendas
CIUDAD DE MÉXICO.- Es significativa y positiva la reducción de la pobreza en México reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Empero, aún hay un altísimo nivel de incumplimiento de derechos sociales, ello implica que todavía existe un complejo camino por recorrer para satisfacerlos, afirmó Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM.
El economista reconoció que la disminución de la población en pobreza es un cambio significativo e importante, porque nos indica que una cantidad menor de mexicanos está por debajo del ingreso mínimo requerido para cubrir satisfactores esenciales y, por otra parte, significa también que hubo un avance relativo en la solución de las carencias sociales en cuanto a rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y de nutrición, principalmente.
“Hubo un cambio para bien en estos años, sin embargo, debe considerarse que en la actualidad algunas carencias sociales son más altas que aquellas que teníamos en 2016. De 2022 a 2024 hubo una mejora, es cierto, pero también es cierto que, a la vez, el nivel de las carencias en educación y salud de 2024, por ejemplo, fue más alto que el de 2016 o 2018”, puntualizó.
Ello significa que en 2024 una cantidad muy alta de mexicanos todavía tenía altísimos niveles de carencia: 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones carecían de acceso a los servicios de salud; 63 millones no tenían acceso a la seguridad social y 18 millones a los servicios básicos en sus viviendas, entre otros, lo que significa que aún nos falta mucho para alcanzar el cumplimiento de los derechos sociales de la población en el país.
En los análisis, tanto de 2023 como de 2025, se ha visto que el factor principal que determinó la reducción de la pobreza es el incremento del ingreso de los hogares, mayoritariamente de aquel derivado del trabajo, en particular de los salarios, así como de las pensiones y jubilaciones contributivas (IMSS e ISSSTE) y del incremento en los salarios.
“Sin duda alguna, el factor determinante de la reducción de la pobreza de los últimos cuatro años se originó en la decisión de duplicar el valor real de los salarios mínimos”, recalcó.
De hecho, dijo, el conjunto de reformas realizadas en 2016 para desligar el incremento del salario mínimo de otros precios, como del aumento de las multas y de las rentas, permitió que se iniciara en 2017 la mejora de los salarios, sobre todo a partir de 2019.
Enrique Provencio apuntó que para mantener o proteger este avance en la disminución de la pobreza en el país y que no haya retrocesos, en primer lugar se deben cubrir los derechos sociales y resolver las carencias sociales de la población.
Asimismo, indicó, debe hacerse un cambio importante en los presupuestos federales, estatales y municipales para que estos privilegien los bienes públicos de acceso a la educación y la salud, pero también a los servicios de cuidado, al agua y a la vivienda, entre otros rubros que no han tenido prioridad en estas asignaciones.
Aclaró que ello no implica que deban reducirse los programas sociales, por el contrario, es necesario mantenerlos, sobre todo aquellos que están en la Constitución, pero sí atender de mejor manera las necesidades en educación, salud y seguridad pública, “porque estamos en la paradoja de que se puede reducir drásticamente la pobreza, sin que mejore significativamente la seguridad pública”.
Resaltó que “no sólo se requiere atender mejor los bienes públicos de salud, educación, cuidados y de seguridad pública, sino, sobre todo, hacerlo con estándares de alta calidad; ese, me parece, es el principal cambio que hay que lograr”.
Para que este avance en la disminución de la pobreza no se revierta y continúe en esa tendencia, es preciso no sólo mantener la mejora de los salarios, sino generar más empleos formales de calidad con seguridad social garantizada, pues la carencia de este último servicio afecta al 48 % de la población (63 millones de personas).
