- Se trata de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que dependa del INE
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos de elección popular en los próximos procesos electorales.
Durante “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal explicó que la propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y que tendría como objetivo revisar perfiles de aspirantes postulados por cualquier partido político.
Sheinbaum señaló que esta medida busca fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana rumbo a las elecciones de 2027, evitando riesgos relacionados con la infiltración del crimen organizado en la vida política del país.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de enviarla de una vez para que pueda considerarse en el proceso electoral de 2027”, expresó.
La presidenta aclaró que la propuesta respetará en todo momento la presunción de inocencia establecida en la Constitución y subrayó que el mecanismo no sustituirá investigaciones judiciales, sino que servirá como una herramienta preventiva para que los partidos políticos conozcan si existen antecedentes o alertas sobre quienes buscan una candidatura.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales electos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
Explicó que este órgano funcionaría como enlace entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El procedimiento planteado establece que los partidos políticos entregarían de manera voluntaria listas de aspirantes para ser revisadas. Posteriormente, las autoridades emitirían una evaluación para determinar si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
Con base en esos resultados, la Comisión informaría a los partidos políticos sobre posibles alertas, aunque serían estos quienes finalmente decidirían si registran o no la candidatura correspondiente. En caso de detectarse información relevante, las instituciones competentes continuarían con las investigaciones conforme a sus atribuciones legales.
Además, la iniciativa contempla que cualquier persona interesada en buscar una candidatura deberá autorizar previamente al partido político para someterse a la evaluación de integridad.
El gobierno federal adelantó que todo el proceso se desarrollará bajo estrictos criterios de confidencialidad y reserva de información, con el fin de proteger el debido proceso y evitar afectaciones indebidas a los aspirantes evaluados.
