- Diputadas y diputados aprueban reformas para reconocer la gentrificación e incorporar el enfoque de interseccionalidad en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
CIUDAD DE PUEBLA.- El Pleno de la LXII Legislatura aprobó el dictamen por el que se reforma el artículo 90 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar acciones afirmativas en materia de equidad de género, mediante la promoción de la inclusión de mujeres conductoras en el transporte público.
Con las modificaciones, se estableció que se procurará otorgar las concesiones con perspectiva de género y dar preferencia a las personas físicas y/o morales que cuenten con las mejores condiciones técnicas, financieras y de operación necesarias para la prestación del servicio, así como a quienes asuman el compromiso de incorporar a mujeres conductoras para la prestación del servicio de transporte público.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Araceli Celestino Rosas señaló que con esta reforma se promueve la igualdad y el acceso al trabajo digno; además, se reafirma el compromiso de cerrar las brechas y abrir camino para las mujeres, en una apuesta por un mejor futuro, con equidad y más oportunidades.
Tras la declaración del inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal de la LXII Legislatura, las y los diputados también aprobaron el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar el concepto de gentrificación, para evitar que este fenómeno urbano ponga en riesgo a las personas pobladoras originarias y al tejido social y cultural en el Estado.
Con ello, se define a la gentrificación como el proceso de transformación urbana que trae consigo cambios geográficos, debido a la inversión inmobiliaria y al traslado de nuevas personas residentes con mayores ingresos, que incrementa los costos de vida y vivienda en una zona, provocando el desplazamiento involuntario de las personas residentes originarias, afectando su tejido social y cultural.
Durante su participación en Tribuna, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta enfatizó que, aunque la gentrificación se presenta como un proceso de modernización, en el largo plazo trae problemas a las comunidades y, sobre todo, a las poblaciones originarias, ya que provoca un aumento en los precios de vivienda y servicios, así como el desplazamiento de las personas con bajos ingresos, por lo que se da un paso importante con estas reformas.
De igual forma, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de incluir el enfoque interseccional como principio rector en el ordenamiento legal, que permita garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como promover la justicia social, la equidad y la igualdad de género.
A través del dictamen, se reforman las fracciones IX y X y se adiciona la fracción XI al artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla.
La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala indicó que, aunque varias personas conviven en un mismo lugar, no todas acceden al territorio de la misma forma, de ahí la importancia de adoptar el principio de interseccionalidad, para eliminar barreras y garantizar derechos a todos los grupos.
En otro momento de la sesión, se aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que de manera coordinada promuevan la colocación y mantenimiento progresivo de semáforos auditivos peatonales, señalización visual y háptica, y elementos de infraestructura urbana y peatonal accesibles, priorizando su colocación en espacios con alta afluencia peatonal.
Asimismo, para que impulsen las capacitaciones y modificaciones reglamentarias necesarias, a fin de garantizar la accesibilidad y seguridad vial en sus demarcaciones.
Sobre el tema, la diputada María Soledad Amieva Zamora expuso que la movilidad es un derecho humano que se debe garantizar para todas las personas, por lo que debe existir infraestructura accesible.
