- El diputado Mauricio Céspedes presentó una iniciativa para sancionar el uso de imágenes, voces y características físicas manipuladas con inteligencia artificial cuando se utilicen para obtener beneficios indebidos
CIUDAD DE PUEBLA.- La utilización de inteligencia artificial para falsificar la voz, imagen o apariencia de una persona con el propósito de cometer fraudes u obtener beneficios indebidos podría castigarse hasta con 12 años de prisión en Puebla, de aprobarse una iniciativa presentada por el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina ante el Congreso del Estado.
La propuesta busca reformar el Código Penal estatal para incorporar expresamente el uso de sistemas de inteligencia artificial como una modalidad de usurpación de identidad, ante los riesgos que representan las nuevas herramientas digitales para la seguridad y la protección de los datos personales.
Actualmente, el delito de usurpación de identidad contempla penas de seis a ocho años de prisión y multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). La iniciativa plantea incrementar en una mitad las sanciones cuando se utilicen tecnologías digitales, redes sociales, correos electrónicos o sistemas de inteligencia artificial para obtener un lucro o cualquier beneficio indebido.
De esta manera, el límite máximo de la pena de prisión podría alcanzar los 12 años, conforme al agravante propuesto por el legislador.
Entre las conductas que se pretende sancionar se encuentran la creación de simulaciones o alteraciones gráficas, físicas y vocales que permitan hacerse pasar por otra persona, mediante herramientas capaces de generar contenidos digitales con apariencia de autenticidad.
Estas tecnologías, conocidas como deepfakes cuando se utilizan para producir imágenes, videos o audios sintéticos o manipulados, pueden reproducir características de personas reales y dificultar que los usuarios identifiquen una suplantación.
Céspedes Peregrina señaló que la reforma permitiría proporcionar al Ministerio Público y al Poder Judicial herramientas jurídicas más precisas para investigar y sancionar estas conductas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio, por lo que las modificaciones todavía no forman parte de la legislación vigente.
También plantean regular la inteligencia artificial en el Poder Judicial
Durante la misma sesión legislativa, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron otra iniciativa relacionada con el uso de inteligencia artificial, esta vez en la administración de justicia.
Su propuesta busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla para establecer criterios de utilización responsable, ética, segura y supervisada de estas herramientas tecnológicas.
El objetivo es incorporar mecanismos que permitan aprovechar la innovación digital sin comprometer la dignidad humana, la protección de los derechos ni la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
La propuesta también fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
Otras iniciativas en materia de derechos y protección social
En la sesión se presentaron además propuestas relacionadas con el acoso telefónico comercial, la protección de menores que presencian violencia familiar, la educación especial y el acceso al agua en comunidades escolares.
La diputada Guadalupe Yamak Taja planteó tipificar el acoso telefónico cuando empresas o proveedores realicen llamadas comerciales reiteradas sin consentimiento del consumidor o después de que este haya manifestado su negativa.
Por su parte, Azucena Rosas Tapia propuso reconocer como personas receptoras de violencia familiar a niñas, niños y adolescentes que presencien o escuchen agresiones dentro de su entorno, aun cuando no sean las víctimas directas.
En materia educativa, Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para exigir justificaciones técnicas y pedagógicas antes de realizar reorganizaciones sustanciales de los servicios de educación especial.
Asimismo, Elvia Graciela Palomares Ramírez propuso fortalecer la atención a las comunidades escolares durante contingencias relacionadas con el suministro de agua.
Las distintas iniciativas quedaron sujetas al análisis de las comisiones legislativas correspondientes, donde se determinará su viabilidad jurídica y la posibilidad de avanzar hacia su discusión y eventual aprobación.