- La reforma amplía de cinco a siete integrantes la Junta de Gobierno, prevé un padrón público de proveedores y establece precios homologados para el INE y los organismos electorales estatales. Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue designada directora general.
CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó el plan de fortalecimiento de Talleres Gráficos de México (TGM), que busca ampliar su capacidad para producir materiales electorales y documentos oficiales, así como reforzar la transparencia de sus contrataciones. Durante la conferencia matutina «Las mañaneras del pueblo», anunció que el decreto se publicaría ese día en el Diario Oficial de la Federación.
El plan busca consolidar a TGM como imprenta del gobierno federal para producir formatos, actas, títulos y gacetas. También prevé un convenio modelo para prestar servicios a los estados y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como un catálogo único que homologue las especificaciones, los rangos y los precios de los materiales electorales en el país.
Rodríguez Velázquez informó que Talleres Gráficos produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025, además del líquido indeleble desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde 1994. En 2024, añadió, 19 de los 32 OPLE, equivalentes al 59 por ciento, adquirieron sus boletas con proveedores privados mediante licitaciones o adjudicaciones directas.
Primera fase, de noviembre de 2026 a junio de 2027
Talleres Gráficos de México seguirá como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación (Segob). Su Junta de Gobierno pasará de cinco a siete integrantes. La Segob la presidirá y también tendrán representación la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Los tres perfiles independientes serán Ángel Eustorgio Rivera González, profesor investigador del IPN y especialista en sistemas de calidad, Raúl Juan Contreras Bustamante, exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM e Investigador Nacional Nivel III, y Josefina Cortés Campos, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigadora Nivel II.
La nueva directora general, Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, es doctora en Políticas Públicas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos. Desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos de TGM. El decreto establece que la persona titular de la Dirección General deberá acreditar que, durante los cinco años previos, no fue representante, socia ni empleada de proveedores de material electoral.
La reforma prevé un padrón público de contratistas y proveedores que permitirá evaluar su capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera. También contempla un registro en datos abiertos de los contratos y convenios, las órdenes de producción y su ejecución. El organismo deberá solicitar cada año una auditoría voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las adquisiciones se sujetarán a la normativa aplicable. Quedarán excluidas las empresas sancionadas, observadas por la ASF o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio, así como aquellas con impedimentos legales o que carezcan de las capacidades requeridas. La Junta de Gobierno autorizará los precios homologados para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLE.
Segunda fase, de julio de 2027 a 2030
El gobierno federal prevé formular una Ley de la Imprenta Nacional de México que le otorgue un mandato exclusivo para producir documentación y materiales electorales, así como documentos de seguridad. También propondrá reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los entes públicos produzcan la documentación y los materiales electorales bajo las especificaciones y los controles de calidad del INE.
El plan incluye modernizar la infraestructura y el equipo, consolidar las compras mediante un catálogo único y crear un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar urnas y canceles entre elecciones. También contempla alianzas con instituciones de educación superior y centros de investigación para desarrollar, certificar y verificar la calidad de materiales e insumos. La entrada en operación de una planta propia está prevista entre 2028 y 2030.
De acuerdo con el calendario presentado por Gobernación, en noviembre de 2026 se prevé formalizar el decreto, la aportación de capital en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y los convenios con los OPLE que tengan adjudicaciones pendientes. Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se emitirán el Estatuto Orgánico, el padrón de proveedores y el programa de inversión. Para 2027 se contempla publicar los datos de producción, presentar las iniciativas legislativas y difundir un informe sobre los ahorros y los resultados de auditoría.