jue, Nov 12, 2026

Puebla, Pue. México

ANUIES y FGR unen capacidades de 278 universidades para fortalecer la procuración de justicia

07 ANUIES
  • El convenio impulsará la capacitación y actualización del personal encargado de investigar delitos, además de incorporar conocimientos especializados ante los nuevos retos criminales y el uso de inteligencia artificial

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Fiscalía General de la República (FGR) firmaron un convenio de colaboración estratégica para fortalecer la formación y actualización de los servidores públicos encargados de la investigación de delitos y la procuración de justicia, mediante las capacidades académicas y científicas de 278 instituciones de educación superior del país.

El acuerdo se formalizó durante la sesión del Consejo Nacional de la ANUIES y las actividades de la Conferencia Internacional 2026, con la participación de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el secretario general ejecutivo de la asociación, Luis González Placencia.

Al encuentro asistieron rectoras y rectores integrantes del Consejo Nacional, representantes de ambas instituciones y Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante su intervención, González Placencia explicó que el convenio responde a la necesidad de acercar a las universidades a los procesos de formación y actualización de quienes tienen la responsabilidad de investigar delitos y procurar justicia.

Destacó que las instituciones de educación superior cuentan con especialistas, laboratorios, infraestructura y conocimientos científicos que pueden contribuir a fortalecer las capacidades de la FGR y dar al acuerdo un alcance nacional.

Asimismo, señaló que la colaboración universitaria adquiere mayor relevancia cuando permite atender necesidades sociales y contribuir al desempeño de las instituciones públicas.

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos indicó que el propósito del convenio es sumar conocimientos, capacidades operativas y experiencias para consolidar un sistema de procuración de justicia con mayor eficacia, profesionalismo, sentido humano y cercanía con la sociedad.

La fiscal general destacó que las universidades son espacios fundamentales para el pensamiento crítico, la investigación científica, la innovación y la formación de profesionales, elementos que pueden contribuir a la transformación del sistema de justicia.

En ese sentido, sostuvo que la educación superior y la procuración de justicia comparten la responsabilidad de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Formación especializada ante nuevos desafíos

Uno de los alcances del convenio será aprovechar la diversidad académica y territorial de las 278 instituciones afiliadas a la ANUIES para desarrollar programas de capacitación acordes con las necesidades de la Fiscalía.

La participación de universidades públicas y particulares permitirá articular conocimientos especializados en distintas regiones del país, mientras que las presidencias regionales de la asociación contribuirán a llevar los compromisos y programas de formación a sus respectivos ámbitos de influencia.

La colaboración también adquiere relevancia ante los nuevos desafíos de la investigación criminal, entre ellos el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial.

Godoy Ramos señaló que el acuerdo se encuentra alineado con los objetivos del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, remitido al Congreso de la Unión, que plantea una reingeniería institucional sustentada en cuatro pilares: actuación basada en inteligencia, coordinación interinstitucional, profesionalización continua y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Con esta alianza, la ANUIES y la FGR buscan vincular el conocimiento generado en las universidades con las necesidades de capacitación del servicio público, fortalecer la especialización del personal ministerial y contribuir al desarrollo de capacidades institucionales para enfrentar los retos actuales de la procuración de justicia en México.