- El coordinador de Gabinete respaldó las investigaciones federales sobre una presunta red de empresas proveedoras de materiales electorales y solicitó transparentar las contrataciones del IEE
CIUDAD DE PUEBLA.- El Gobierno de Puebla respaldó las investigaciones encabezadas por el Gobierno de México sobre una presunta red de irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales, al tiempo que solicitó revisar y transparentar los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE), que suman 179.1 millones de pesos entre 2014 y 2025.
En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las acciones emprendidas para esclarecer los posibles vínculos empresariales y financieros relacionados con proveedores de organismos electorales.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario presentó una cronología de 27 años sobre el origen y la evolución de un grupo empresarial señalado por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, mediante compañías relacionadas que habrían participado en la proveeduría de materiales y servicios electorales en distintas entidades del país.
Como parte de los antecedentes, expuso que las operaciones de estas empresas se remontan a 1999, con contrataciones en el Estado de México. También mencionó un contrato por 63.7 millones de pesos en 2005, que derivó en cuestionamientos y renuncias de consejeros electorales.
García Parra señaló que, de acuerdo con la información pública presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, se identificaron al menos seis empresas relacionadas con contrataciones que alcanzarían aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
En este contexto, explicó que la investigación federal contempla antecedentes de distintas administraciones electorales y precisó que la trayectoria de Guadalupe Taddei, quien fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 y posteriormente presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023, corresponde a procesos institucionales anteriores a la actual administración federal.
Por otra parte, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las investigaciones derivaron de una revisión de fuentes abiertas y de denuncias presentadas ante las instancias fiscalizadoras. También se dio a conocer la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que solicitó la inmovilización de cuentas vinculadas con personas y empresas bajo investigación.
Puebla, bajo revisión por contrataciones electorales
En el ámbito estatal, García Parra detalló que el Instituto Electoral del Estado registró contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, mientras que durante 2024 y 2025 se identificaron otros 129.7 millones de pesos, para un acumulado de 179.1 millones.
Ante estos datos, sostuvo que es necesario revisar los procedimientos de adjudicación, transparentar integralmente los contratos y verificar que los bienes y servicios contratados hayan sido efectivamente entregados y prestados.
El funcionario aseguró que el Gobierno estatal respaldará las investigaciones de las autoridades competentes, sin excepciones, y respetará la autonomía de los organismos electorales, a fin de que cualquier posible irregularidad sea esclarecida conforme a la ley.
Asimismo, señaló que la administración estatal mantiene acciones de combate a la corrupción y rendición de cuentas, entre ellas la separación de 315 personas servidoras públicas por irregularidades detectadas.
Finalmente, indicó que la revisión de las contrataciones electorales constituye un tema relevante para fortalecer la transparencia institucional y brindar certeza a los procesos democráticos, particularmente ante la elección del 6 de junio de 2027.
