- Académicos de la UNAM advierten que México enfrenta una baja recaudación, un elevado peso de la deuda y retos constitucionales ante las reformas fiscales de 2027
CIUDAD DE MÉXICO.- El crecimiento económico es indispensable para fortalecer el sistema tributario mexicano, ampliar la recaudación y garantizar la sostenibilidad de los derechos sociales, coincidieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes advirtieron que las reformas fiscales previstas para 2027 no resolverán por sí solas los problemas estructurales de las finanzas públicas.
Durante el ciclo “Análisis del Paquete Económico. Hacia las Reformas Fiscales 2027”, los académicos Raúl Carbajal Cortés, Carlos Javier Verduzco Reina, Patricia López López, Hugo Carrasco Iriarte e Imelda Vázquez Márquez analizaron los desafíos de la política tributaria, las medidas de fiscalización y los posibles efectos constitucionales de los cambios propuestos.
Raúl Carbajal Cortés, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que la fragilidad del sistema tributario radica, entre otros factores, en la dependencia de los impuestos y en el bajo crecimiento económico del país.
Al participar en la mesa “Las medidas de fiscalización y su análisis constitucional en la Reforma Fiscal 2027”, sostuvo que las modificaciones fiscales no serán suficientes para incrementar de manera sostenible los ingresos públicos, por lo que consideró necesario transformar el modelo económico e impulsar distintas vertientes de desarrollo.
En ese contexto, subrayó que cualquier reforma debe considerar la capacidad de la sociedad y de los contribuyentes para asumir las obligaciones fiscales, así como la necesidad de generar mayores recursos para sostener los derechos sociales.
Por su parte, Carlos Javier Verduzco Reina, jefe del Departamento de Bufete Jurídico de Asesoría Gratuita de la Facultad de Derecho, expuso que la recaudación en México equivale a cerca de 16 por ciento del producto interno bruto (PIB), frente a aproximadamente 35 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 21 por ciento en América Latina.
Estas diferencias, explicó, reflejan los desafíos que enfrenta el país para fortalecer sus ingresos tributarios y proporcionar mayor certidumbre a las estructuras presupuestarias y a la planeación financiera de mediano plazo.
El especialista también destacó el peso de la deuda en las finanzas públicas. De acuerdo con su exposición, por cada peso que gasta el gobierno, 55 centavos se financian mediante endeudamiento.
Ante este panorama, indicó que la reducción del déficit fiscal requiere combinar mayores ingresos, control del gasto y una menor dependencia de la deuda. Para ello, la eficiencia recaudatoria será un factor determinante durante 2027.
En su intervención, Patricia López López, profesora de la Facultad de Derecho, señaló que la iniciativa presentada el pasado 8 de septiembre no se limita al paquete económico, sino que incorpora otras propuestas legislativas de amplio alcance.
Entre ellas mencionó documentos relacionados con la economía digital, los pagos digitales y electrónicos, así como el fortalecimiento y la armonización catastral y registral.
A su vez, Hugo Carrasco Iriarte, académico de la misma facultad, llamó a establecer límites y criterios claros para el uso de la inteligencia artificial en los procesos de fiscalización tributaria.
Consideró que estas herramientas tecnológicas pueden facilitar la revisión de contribuyentes por régimen fiscal, pero advirtió que su aplicación debe ponderarse cuidadosamente para evitar afectaciones a los derechos de las personas.
El académico también sostuvo que las propuestas fiscales deben reconocer el papel de los contribuyentes cumplidos en el sostenimiento del sistema impositivo. Como alternativa, planteó otorgar una constancia de cumplimiento y un descuento para el siguiente ejercicio fiscal a quienes hayan sido objeto de una visita domiciliaria y acrediten el cumplimiento correcto de sus obligaciones.
La sesión fue moderada por Ana Isabel Flores Solano, profesora de la Facultad de Derecho.
Por último, Imelda Vázquez Márquez, integrante de la Facultad de Contaduría y Administración, advirtió que algunas de las medidas planteadas podrían obligar a los contribuyentes a pagar impuestos sobre utilidades que no necesariamente representan su capacidad económica real, particularmente cuando se restringen las deducciones.
Desde su perspectiva, esta situación podría generar controversias respecto del principio constitucional de proporcionalidad tributaria, que establece que las contribuciones deben guardar relación con la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlas.
La especialista señaló que estas disposiciones podrían ser impugnadas por los contribuyentes, por lo que consideró necesario analizar sus implicaciones jurídicas y financieras.
Las intervenciones de los académicos pusieron sobre la mesa la necesidad de equilibrar los objetivos de recaudación y disciplina fiscal con el crecimiento económico, la certeza jurídica y la protección de los derechos de los contribuyentes. El desafío para México será fortalecer los ingresos públicos sin generar cargas desproporcionadas y construir una base financiera sostenible para atender las necesidades sociales.
