- Universidades públicas cumplen 20 años de rendir de cuentas ante diputados; solicitan apoyo presupuestal para cumplir metas educativas
CIUDAD DE MÉXICO.- En un acto de profunda convicción democrática y madurez institucional, rectoras y rectores de las 35 universidades públicas de México acudieron al Salón Verde de la Cámara de Diputados, para realizar la entrega formal de sus estados financieros auditados y sus informes de avances académicos correspondientes al año 2025.
El secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Dr. Luis González Placencia, señaló que este ejercicio, que cumple dos décadas de llevarse a cabo de manera ininterrumpida, nació originalmente como una iniciativa proactiva de las propias casas de estudio, adelantándose incluso a la obligación formal de ser fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
González Placencia enfatizó que las observaciones fiscales recientes corresponden a errores metodológicos y de presentación de datos que se encuentran en proceso de solventación. “No ha habido en ningún caso un ánimo de hacer una malversación de los votos que recibimos. No ha habido en ningún momento un proceso penal levantado en contra de alguna rectora o rector”, aseguró. Asimismo, reiteró que los recursos que reciben las Instituciones de Educación Superior provienen del pueblo y, por lo tanto, representan un dinero sagrado que se respeta y se cuida meticulosamente.
El titular de ANUIES refirió que a pesar de estas limitaciones económicas, las instituciones continúan abriendo espacios y ampliando su matrícula para garantizar el acceso a la educación superior de miles de jóvenes. Sin embargo, alertó con preocupación que el costo de sostener este crecimiento ante la falta de presupuesto suficiente se está trasladando de manera indirecta a las familias de los estudiantes.
Advirtió que la falta de incrementos reales en el presupuesto no solo limita la cobertura de necesidades operativas básicas, sino que genera una presión financiera que compromete las metas de expansión y fortalecimiento de la educación superior planteadas por la administración federal.
Por esta razón, la entrega de cuentas claras ante la soberanía popular se acompaña de un llamado urgente al Poder Legislativo para revisar el financiamiento de la educación superior. “Cada peso otorgado por la Cámara de Diputados se ejerce de manera transparente y la demanda de mayores recursos está estrictamente ligada al cumplimiento de los fines académicos y sociales de las universidades públicas”, concluyó el Secretario General Ejecutivo de la Asociación.
La relevancia del encuentro quedó sellada con el saludo de bienvenida del Diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuya presencia subraya la urgencia de tender puentes entre la política presupuestal y la realidad académica.
En su intervención, el Dip. Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, calificó de muy importante la ceremonia e hizo un reconocimiento a la ANUIES. Igualmente, destacó el anuncio de una nueva mecánica de fiscalización derivada de las recientes reformas legislativas.
Indicó que bajo este nuevo paradigma, el ciudadano común se convierte en el protagonista del sistema a través de la denuncia ciudadana; señaló que las universidades son los espacios idóneos para la formación de estos “nuevos cuadros” de ciudadanos fiscalizadores. Sostuvo que este enfoque cierra un círculo democrático en el que la academia provee el capital intelectual para proteger el patrimonio de la nación.
El Dr. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación, reconoció el compromiso de rectoras, rectores y representantes de las universidades del país con la transparencia y la rendición de cuentas, y enfatizó que la transparencia debe comenzar desde el interior de las propias instituciones: “la casa tiene que empezar a limpiarse. Cada una de las universidades, primero, para dar finalmente la cara de que también son instituciones que no tienen nada que esconder, que son totalmente transparentes y que siempre han estado en pro de la rendición de cuentas”. Puntualizó que la Auditoría continúa ejecutando las auditorías integrales programadas para las universidades públicas del país.
En su oportunidad, rectoras y rectores de universidades públicas estatales y representantes de los Consejos Regionales de la ANUIES expusieron problemáticas y retos que enfrentan. Solicitaron a las y los diputados incrementar el presupuesto para las universidades y que los recursos lleguen de forma directa a las casas de estudio.
La Dra. Claudia Susana Gómez López, rectora General de la Universidad de Guanajuato, en representación del Consejo Regional Centro-Occidente de la ANUIES, destacó que este acto va mucho más allá de un simple ejercicio administrativo, constituyendo una franca expresión del compromiso ético y social de las universidades con el uso responsable de los recursos de la nación. Señaló que la autonomía de las universidades públicas y la fiscalización no se encuentran en conflicto, al contrario, argumentó que la autonomía se ejerce con la más alta responsabilidad, garantizando la transparencia, la eficiencia y el uso pulcro de los recursos.
Dijo que con la entrega de estos informes, dichas casas de estudio reiteran su total disposición para continuar colaborando con el Estado y la sociedad, garantizando una educación superior pública que rinda cuentas claras, que sea transparente y que esté firmemente comprometida con el desarrollo social y económico de México.
La Dra. Viridiana Aydeé León Hernández, Rectora de la Universidad Autónoma de Morelos y presidenta del Consejo Regional Centro-Sur, enfatizó que el compromiso ético con la fiscalización permite demostrar que cada recurso asignado tiene un impacto directo en el bienestar de la comunidad universitaria y el desarrollo de las regiones. Esta transparencia es el cimiento indispensable para abordar con rigor técnico el pasivo contingente más crítico de las instituciones: el sistema de pensiones y jubilaciones. Bajo esta lógica, la rendición de cuentas sirve como el puente estratégico hacia la evolución estructural de los modelos de seguridad social universitaria.
La rectora León Hernández subrayó la necesidad de una estrategia integral para garantizar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior a través de la transformación de sus sistemas de
pensiones, asegurando así la protección de los derechos de los trabajadores y el fortalecimiento del patrimonio educativo nacional.
El Dr. Luis Enrique Palafox Maestre, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente del Consejo Regional Noroeste de la Asociación, hizo un llamado respetuoso y urgente a la 66 Legislatura para que reconozca a las universidades públicas estatales como actores estratégicos del desarrollo nacional y les asigne los recursos financieros adecuados y suficientes en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.
Manifestó que las universidades públicas estatales están plenamente comprometidas con el desarrollo regional y el progreso social, cultural, científico y económico de México, aportando cifras contundentes que respaldan su impacto con una matrícula estudiantil que atienden de manera conjunta a más de 1.4 millones de estudiantes, la ejecución anual de 15 proyectos con impacto directo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; más de 200 mil acciones de servicio social en beneficio directo de las comunidades en materia de conocimiento y que, en conjunto, las instituciones públicas realizan el 90% de la investigación científica producida en el país; de ese porcentaje, la mitad (45% del total nacional) corresponde específicamente a las universidades públicas estatales.
El Mtro. Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y representante del Consejo Regional Noreste, abordó de manera abierta la necesidad de resolver los adeudos financieros que algunos gobiernos estatales mantienen con las universidades públicas. Señaló que la operación ordinaria de las instituciones de educación superior se sustenta en un financiamiento conjunto entre la federación y los estados, complementado por una estrecha vinculación en política educativa y normatividad bajo un absoluto respeto a la autonomía universitaria.
En su mensaje, Anaya Alvarado enfatizó que las aportaciones estatales no deben ser vistas como “dádivas”, sino como un compromiso fundamental con el pueblo e hizo un llamado a la voluntad política, al diálogo permanente y a la corresponsabilidad, para asegurar el cumplimiento de los convenios de apoyo financiero y construir acuerdos que garanticen la viabilidad económica de las instituciones.
La Dr. Natalia Fiorentini Cañedo, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, externó la honda preocupación de los titulares de las universidades públicas estatales frente al histórico y agudo déficit presupuestal estructural.
Indicó que esta insuficiencia de financiamiento ha obligado a las instituciones a operar bajo severas limitaciones físicas, lo que se traduce en un evidente rezago de infraestructura que incluye laboratorios desactualizados, bibliotecas con acervos altamente limitados y espacios educativos obsoletos. Enfatizó que, aunque las instituciones realizan máximos esfuerzos para sostener el rigor y la excelencia en sus servicios, es imperativo contar con asignaciones adicionales para solventar estas brechas físicas críticas.
La rectora Fiorentini comentó que uno de los señalamientos más alarmantes es la profunda crisis laboral y de precarización del personal docente que sostiene el sistema, porque de acuerdo con las cifras presentadas la región sureste enfrenta desafíos laborales urgentes que inciden en la estabilidad académica de más de 63 mil docentes.
Alertó que la asfixia económica que padecen las casas de estudio mexicanas conlleva graves repercusiones de carácter social. Al no contar con recursos estables y dignos, las universidades se ven atadas de manos para ampliar la matrícula estudiantil o de ofrecer mayores facilidades y becas a los alumnos de menores recursos
económicos. Esta barrera de financiamiento, dijo la rectora Fiorentini, termina truncando de forma injusta la trayectoria académica y profesional de múltiples jóvenes de alto talento, quienes en muchos casos se ven empujados a la deserción.
Finalmente, el Diputado Arturo Hernández, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, afirmó que la transparencia no es un requisito más, es un acto de responsabilidad y un principio que se convierte en una acción más que en un procedimiento administrativo. Sostuvo que la transparencia consolida y legítima a las casas de estudio superiores del país y cuando las universidades rinden cuentas no sólo administran sino escriben y refrendan la certeza para confiar en ellas.
