- Confió en que la UNAM resolverá el caso con prontitud para ofrecer certidumbre a la comunidad estudiantil
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde exclusivamente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ejercicio de su autonomía, definir cómo resolverá las irregularidades detectadas en el examen de admisión aplicado en línea, así como determinar el curso de la investigación sobre el presunto fraude.
La mandataria explicó que existen dos asuntos distintos que la institución debe atender. El primero es definir el futuro del proceso de admisión: decidir si el examen será válido, si deberá repetirse o qué ocurrirá con los aspirantes que obtuvieron resultados aprobatorios, con el fin de brindar certeza a las y los jóvenes que esperan ingresar a la universidad.
“Es un tema que tienen que resolver ellos, porque es una institución autónoma, académicamente y también en términos de su forma de gobierno”, señaló.
El segundo aspecto, indicó, consiste en esclarecer cómo se cometieron las irregularidades. Señaló que la UNAM deberá investigar si existió participación de la empresa contratada para la aplicación del examen, si las anomalías derivaron del uso individual de herramientas de inteligencia artificial por parte de algunos aspirantes o si hubo otros mecanismos de fraude.
Sheinbaum Pardo precisó que, en caso de ser necesario, la universidad podrá solicitar apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital o de la Secretaría de Educación Pública, e incluso recurrir a la Fiscalía si considera pertinente presentar una denuncia. Sin embargo, subrayó que estas instancias únicamente pueden brindar acompañamiento, ya que las decisiones corresponden a la propia institución.
La presidenta reiteró el respeto del Gobierno de México a la autonomía universitaria y confió en que la UNAM resolverá el caso con prontitud para ofrecer certidumbre a la comunidad estudiantil.
Finalmente, destacó que, independientemente del desenlace del proceso de admisión, el Gobierno federal continuará fortaleciendo alternativas de educación superior, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras instituciones públicas, para garantizar que las y los jóvenes cuenten con opciones para cursar una licenciatura, ya sea en modalidad presencial o a distancia.
