- “La peor forma de violencia y discriminación contra una mujer es el feminicidio; es quitarle la vida por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio que no puede quedar impune”, expresó.
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación. La propuesta busca homologar en todo el país la investigación, persecución y sanción de este delito, fortalecer los derechos de las víctimas y cerrar espacios a la impunidad.
Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que esta iniciativa forma parte de la estrategia integral del Gobierno de México para garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género.
Recordó que el 3 de octubre de 2024 envió al Congreso la reforma constitucional que incorporó por primera vez de manera explícita los derechos de las mujeres a la Constitución, misma que fue aprobada ese año.
Entre los avances destacó el reconocimiento de la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el principio de “a trabajo igual, salario igual”, con el propósito de eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres.
Sheinbaum Pardo señaló que, a partir de esa reforma constitucional, se impulsaron diversas leyes secundarias para hacer efectivos esos derechos y aseguró que la Ley General contra el Feminicidio representa uno de los instrumentos más importantes para combatir la violencia extrema contra las mujeres.
“La peor forma de violencia y discriminación contra una mujer es el feminicidio; es quitarle la vida por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio que no puede quedar impune”, expresó.
La presidenta reconoció que, aunque los feminicidios han mostrado una tendencia a la baja en el país, todavía existen casos que no son sancionados, por lo que consideró indispensable fortalecer tanto las acciones de prevención como la procuración de justicia.
Explicó que actualmente algunas fiscalías continúan clasificando muertes violentas de mujeres como suicidios u homicidios, además de que en muchos casos no se toman en cuenta de manera oportuna los antecedentes de violencia denunciados por los familiares de las víctimas.
Añadió que alrededor del 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por la pareja, la expareja o un familiar directo, por lo que la nueva legislación busca evitar que estos antecedentes sean ignorados durante las investigaciones y garantizar que las autoridades actúen con perspectiva de género desde el primer momento.
Por su parte la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa responde a las diferencias existentes entre las 32 entidades federativas en la tipificación del feminicidio, las razones de género, las agravantes y las sanciones, situación que ha generado criterios desiguales en la procuración de justicia.
Detalló que la propuesta homologa el tipo penal en todo el país al establecer que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género; incorpora diez razones de género para acreditar el delito, fija penas de 50 a 70 años de prisión, contempla 19 agravantes para incrementar las sanciones y determina que el feminicidio, su sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles.
Asimismo, elimina beneficios como la libertad condicionada, la conmutación de penas, los criterios de oportunidad y la amnistía para quienes sean responsables de este delito.
Por su parte, Maribel Bojórquez Beltrán, Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, informó que la iniciativa establece protocolos obligatorios de investigación con perspectiva de género, análisis de contexto, preservación de indicios y coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
También dispone que las fiscalías especializadas y los ministerios públicos acompañen de manera continua cada caso desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia, además de fortalecer las unidades especializadas en feminicidio con personal capacitado en derechos humanos y atención a víctimas.
Y por último la encargada del despacho de secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó que la ley reconoce el derecho de las víctimas y sus familias al acceso a la verdad, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, reparación integral del daño y atención especializada para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres.
La iniciativa también contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, además del fortalecimiento de la red nacional de atención integrada por los Centros LIBRE, los Centros de Justicia para las Mujeres, los refugios, la Línea 079, opción 1, y la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres.
Sheinbaum subrayó que esta legislación retoma el modelo de investigación desarrollado por Ernestina Godoy, el cual permitió fortalecer las investigaciones con perspectiva de género, la capacitación especializada y el seguimiento continuo de los casos para reducir la impunidad.
Con la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa será turnada al Congreso de la Unión para su análisis, con el propósito de establecer un sistema nacional homologado que garantice investigaciones más eficaces, sanciones ejemplares y cero impunidad frente al delito de feminicidio.
