Michel Olguín Lacunza/UNAM GLOBAL REVISTA
CIUDAD DE MÉXICO.- Desafortunadamente, el acoso callejero es una realidad extendida en todo el país. En la Ciudad de México —como en muchas otras ciudades y comunidades de México— prácticamente todas las mujeres lo han experimentado en algún momento, ya sea a través de una insinuación, una mirada, un intento o incluso un tocamiento en el espacio público, en el transporte, al caminar por la calle o en el entorno laboral.
Este tipo de agresiones no son incidentes aislados, sino que forman parte de un sistema de violencia estructural profundamente arraigado en la sociedad mexicana, explicó Rosalba Cruz Martínez, Consejera Jurídica de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU).
“Cuando se trata de tocamientos no consentidos, hablamos de abuso sexual; si son insinuaciones o miradas lascivas, sin contacto físico, es acoso sexual”, explicó la entrevistada. “Y cuando ya existe una penetración, entonces se configura el delito de violación”.
Se trata de quien tiene el poder
Para la consejera jurídica, estos actos de abuso sexual no responden exclusivamente al deseo sexual, sino al ejercicio del poder. “La violencia sexual tiene que ver con el estatus y la identidad masculina. No se trata meramente de deseo, sino de reafirmar quién tiene el poder en el espacio público”.
En México, las violencias son estructurales y ninguna mujer está exenta de ellas. “Muchos hombres creen que pueden disponer del cuerpo de las mujeres”.
Tenemos una cultura patriarcal que sigue normalizando la invasión del cuerpo de las mujeres, sin importar su edad, profesión o posición social. No hay respeto hacia los límites del cuerpo femenino”, indicó.
Además, añadió la entrevistada, la respuesta social también evidencia el problema: “A menudo se relativiza la agresión, se dice que fue un accidente o que no era para tanto. Esa tolerancia es parte de la violencia estructural que debemos desmontar”, explicó.

Por qué muchas no denuncian
Los delitos de acoso y abuso sexual se persiguen por querella, lo que significa que solo se investigan si la víctima presenta una denuncia formal ante la Fiscalía. Esto, junto con la revictimización social, desalienta a muchas mujeres.
“El proceso es largo y desgastante: implica exámenes médicos y psicológicos, entrevistas con la policía de investigación y audiencias judiciales. Por eso muchas prefieren callar”, explicó.
Además, la reacción social ante estas violencias es culpar a la víctima. “A las mujeres nos llaman exageradas o locas. La gente mira feo a quién se defiende, como si la violencia fuera culpa nuestra”, lamentó.
Educación y cultura: la clave para prevenir
Para Cruz Martínez, las sanciones penales no bastan. Se necesitan políticas integrales de prevención, educación sexual y transformación cultural.
“No basta con castigar. Hay que hablar del tema, cambiar la cultura que justifica la violencia y enseñar desde la infancia el respeto y el consentimiento”, afirmó.
Incluso, uno de los principales problemas es el impacto de la pornografía en la formación de los jóvenes:
“Cada vez más niños consumen pornografía a los 10 u 11 años. Si aprenden de ahí lo que es el placer, basado en el sometimiento y el dolor del otro, ¿cómo esperamos construir relaciones igualitarias?”.
“No podemos seguir justificando estas conductas. Es momento de mirar hacia la educación, la prevención y la verdadera igualdad entre mujeres y hombres”.