La OCDE afirma que una reforma de las políticas fomentaría la competitividad agrícola y el crecimiento inclusivo en Colombia.
Las reformas estructurales y las políticas que fomentan la competitividad a largo plazo servirán para que el sector agrícola de Colombia contribuya a lograr un crecimiento más sostenible e inclusivo, según se desprende de un informe de la OCDE.
En el informe Revisión de la OCDE de las Políticas Agrícolas: Colombia 2015 se subraya la importancia del incremento en inversiones estratégicas en capital humano e infraestructura, el fortalecimiento del sistema de innovación agrícola y la eliminación de las grandes deficiencias en el sistema de tenencia de la tierra.
“Si bien la agricultura ha tenido siempre una gran importancia en la economía colombiana y ha contribuido notablemente al PIB, a la generación de empleo y a las exportaciones, el sector agrícola enfrenta retos sustanciales,” afirmó Ken Ash, Director de la Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE, en un acto de presentación del estudio en Bogotá con Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura de Colombia.
“Para abordar las actuales deficiencias del sector agropecuario será necesario llevar a cabo una amplia reforma de las políticas e instituciones agrícolas, como reforzar los derechos de la tierra y el acceso a la misma, reorientar las políticas de precios ineficaces e impulsar el apoyo a las inversiones estratégicas en personas, infraestructura e innovación. La creación de un entorno propicio para el sector agropecuario aportará mucho más beneficios a los agricultores”.
Si bien la agricultura sigue constituyendo un elemento fundamental de la economía colombiana, su contribución al PIB y a la generación de empleo ha disminuido, pasando del 16,5% y el 26% en 1990 al 5,2% y al 17,5% en 2013, respectivamente.
En el sector agrícola existe un alto nivel de pobreza y desigualdad de ingresos, así como un gran número de pequeños agricultores, cuya producción se destina principalmente al autoconsumo, y un número reducido de explotaciones agrícolas comerciales a gran escala que generan una parte importante de la producción. La eliminación de las distorsiones del sistema actual de impuestos y transferencias permitirá una utilización más productiva de la tierra y contribuirá a un crecimiento generalizado.
En el informe se señala que los cultivos ilícitos y el conflicto armado han dificultado el crecimiento agrícola sostenible. Puesto que más del 40% de la propiedad de la tierra sigue siendo informal, Colombia debe mejorar su sistema de tenencia de la tierra mediante el acceso a la misma, la restitución de tierras y la formalización de los derechos de las mismas.
El apoyo gubernamental a la agricultura, según se desprende de las Estimaciones de la OCDE de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés), constituyó el 19% de los ingresos brutos de los agricultores en el período 2011-2013, un valor promedio equiparable al de los 34 países miembros de la OCDE. Más del 80% de dicho apoyo se proporcionó en la forma de Apoyo al Precio de Mercado (MPS, por sus siglas en inglés) con objeto de mantener los precios domésticos por arriba de los precios internacionales, a través de restricciones a las importaciones, en particular de aranceles.
El MPS tiende a elevar los precios teniendo un mayor impacto en los consumidores de menor poder adquisitivo, es relativamente ineficiente en mejorar los ingresos de los productores y distorsiona las decisiones de producción y comercio. En el informe se incluyen varias reformas cuyo objetivo es mejorar la eficiencia del apoyo público a los agricultores y los consumidores.
En este estudio se proponen asimismo diversas reformas para mejorar la competitividad de las exportaciones agrícolas de Colombia, que actualmente representan alrededor del 11% de las exportaciones del país, con tendencia a la baja. En particular, el informe menciona fortalecer la capacidad de los agricultores de Colombia para cumplir con las normas sanitarias y fitosanitarias de los mercados de exportación.
La OECD también recomienda que Colombia reevalúe el marco de inversiones públicas y privadas en el ámbito de la innovación agrícola. La utilización de la tecnología es baja y la calidad de la formación y el apoyo técnico que se brinda a los agricultores son susceptibles de mejora y puede hacerse mucho más para atraer nuevas inversiones privadas.
Por último, en el informe se recomienda que Colombia fortalezca su marco institucional para la formulación e implementación de políticas agrícolas. Avanzar hacia un sistema de monitoreo, análisis e información exhaustiva y coherente sobre políticas agrícolas, el cual permitirá evaluar y mejorar el desempeño de las mismas.
Para más información, los periodistas pueden ponerse en contacto con Dalila Cervantes-Godoy, Analista de política agrícola en la División de Desarrollo de la Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE, o con la División de Medios de Comunicación de la OCDE (+33 1 4524 9700).