La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Cámara de Diputados que desde el 2012 se aplican técnicas científicas y analíticas a infraestructura de cómputo, para identificar, preservar, analizar y presentar evidencia legal de los delitos cometidos a través de medios electrónicos en contra de niñas, niños y adolescentes, relacionados con la pornografía infantil.

A partir de ese año, se han realizado 62 diligencias de cateos y 63 consignaciones; además, se localizó a 16 víctimas y solicitaron 17 órdenes de intervención de comunicaciones, a través de la Dirección de área que coordina la investigación de estos ilícitos, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
 
Sin embargo, precisó que se carece del personal ministerial y pericial para cumplir con la operatividad que requiere la integración y perfeccionamiento de las averiguaciones previas y el análisis de imágenes.
 
Esa es la respuesta que la PGR dio a un dictamen con punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre, con el que se le solicitó redoblar esfuerzos en la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil.
 
Los legisladores expusieron que el uso cada vez más generalizado del Internet y de dispositivos como computadoras portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes, pone en situación de mayor riesgo a las niñas, niños y adolescentes, para que sean víctimas de delitos como la pornografía infantil, la corrupción de menores y la trata de personas.
 
Indicaron que estadísticas de la Procuraduría General de la República dan cuenta de que, hasta 2014, esta dependencia había detectado más de 12 mil cuentas personales de Internet y se estima que actualmente están disponibles en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos y explotación sexuales.
 
En el documento de respuesta, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la PGR destacó que el uso de las tecnologías en la comisión del delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad y de trata de personas, ha presentado un reto para la investigación e integración de la averiguación previa, principalmente el marco jurídico.
 
“No sólo en la descripción del tipo penal, sino también en las solicitudes de información, en la obligación de los concesionarios del servicio de Internet de proporcionar la información de los usuarios de dicho servicio y de la intervención de las comunicaciones privadas, tomando en cuenta que las empresas que proveen el servicio de correo electrónico y redes sociales, son extranjeras”, explicó.
 
Argumentó que la asistencia jurídica internacional resulta ser muy tardada en la tramitación para intervenir una cuenta de correo electrónico.
 
Mencionó que existen otros obstáculos a los que se enfrenta y muy seguramente persistirán; por ejemplo, señaló, la dirección de área encargada de los ilícitos relacionados con los ciberdelitos está integrada por cinco agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tienen a su cargo indagatorias relacionadas con todos los estados y la Ciudad de México, por lo que es necesario el traslado de cada uno de ellos para realizar diligencias.
 
De ahí que se considera prudente la contratación de más personal ministerial, para cumplir con la operatividad necesaria para integrar y perfeccionar de las averiguaciones previas, por lo que se torna necesario destinar recursos a este fin.
 
Para el análisis de las imágenes y videos, con contenido de pornografía de personas menores de 18 años de edad, se ha requerido del auxilio de peritos en las materias de medicina y psicología, quienes han analizado más de 50 mil imágenes, lo que representa un trabajo de semanas, inclusive de meses.
 
En ocasiones es imposible cumplir con dichos requerimientos o se dejan pendientes otras actividades, por generarse cargas de trabajo excesivo. De ahí la necesidad de contar con más personal pericial, subrayó.
 
También es de suma importancia la constante capacitación, no sólo del personal ministerial, sino de policías, jueces y peritos, es decir, de todas las personas que participan en la procuración e impartición de justicia, una consecuencia de la revolución tecnológica de los últimos años, explicó.
 
La PGR resaltó que las empresas prestadoras del servicio de Internet, en su gran mayoría, no cuentan con registro de los usuarios a los cuales les es asignada una dirección IP en fecha y hora determinada, por lo que se necesita una revisión profunda a la legislación en la materia, fortaleciendo la obligatoriedad de dichas compañías para resguardar la información durante el lapso establecido por la ley, y para proporcionarla en tiempo breve a la autoridad ministerial.
 
De igual modo, comentó la PGR, es fundamental realizar una campaña de difusión encaminada a la prevención de dichos ilícitos.