En el foro “Economía Social y Solidaria en México”, legisladores y académicos coincidieron en que el conocimiento debe trascender de las aulas a las comunidades, a fin de capacitar y formar en la práctica a los estudiantes para resolver los problemas del sector, además de generar empleos.

La presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena), destacó la importancia de legislar sobre las cooperativas en las escuelas.
 
Del PAN, el diputado Luis Fernando Antero Valle indicó que es importante recoger las aportaciones de académicos de diversas universidades en relación con la economía social, ya que el común denominador es vincular, capacitar y formar en la práctica a los estudiantes en el sector; se pronunció por establecer una red permanente.
 
Del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INES), Jorge Diez de Sollano Elcoro señaló que la única forma para salir de la pobreza es a través de la economía social con empresas de los trabajadores viables y rentables, “no por medio del asistencialismo ni de estar dando dádivas y repartir dinero”.
 
Afirmó que uno de los tres pilares de la economía es el social, pero tiene una complicada arquitectura jurídica; por ello, apuntó, se debe modificar la ley de cooperativas.
 
Otro gran problema es que a muchos de los ejidos y comunidades indígenas no se les considera segmentos de la economía social. “Es necesario esforzarnos para reconocerla como parte de este tercer sector que establece la Constitución”.
 
Ausencio de la Rosa Sánchez, del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios A.C, sostuvo que las incubadoras de empresas constituyen un instrumento estratégico en la política de innovación de los países y son una herramienta de desarrollo de las regiones.
 
Las incubadoras permiten mejorar a emprendedores, empresas y empleos, pero no se les ayuda ni beneficia al cien por ciento. Además, el 98 por ciento de las empresas del país son pequeñas y generan empleos formales; sin embargo, de ellas ni siquiera el 10 por ciento puede exportar, abundó.
 
De la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Sierra Magaña, integrante de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la Facultad de Estudios Superiores (FES) campus Acatlán, precisó que es necesario generar en cada institución educativa una coordinación de innovación y desarrollo, que se encargue de la incubación.
 
Indicó que en la UNAM hay 166 proyectos de incubadoras, de las cuales al menos entre 40 y 45 son de carácter social. La visión, comentó, es generar economía social sin perder de vista su rentabilidad y con autosustentabilidad e hizo votos por una mayor vinculación entre las universidades y la economía social.
 
Carlos Alberto Camacho Olguín, de la Universidad Politécnica del Valle de México, destacó que el actual sistema de vinculación no funciona en las instituciones educativas, porque este mecanismo fue desarrollado no pensando en las necesidades del sector de la economía social, sino para subsanar los requerimientos o requisitos que imponen los órganos que rigen a las universidades.
 
Precisó que la mayoría de las instituciones públicas carecen de presupuesto, y preguntó cómo se podrá generar un plan de vinculación con un sector de cualquier rama de la economía, ya que se deberían distraer a los profesores, quienes están saturados en sus funciones.
 
El jefe de la oficina de Innovación y Emprendimiento Estudiantiles de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco, Jordi Micheli Thirión, señaló que el emprendimiento estudiantil surge por el desempleo entre los jóvenes, pues del millón 300 mil desempleados oficiales que hay en el país, el 40 por ciento es de egresados de las universidades.
 
Agregó que el emprendimiento tiene auge desde hace 10 o 15 años, y está auspiciado por entidades como el Banco Mundial, organismos y fundaciones nacionales y extranjeras. Los nuevos empresarios estudiantiles generan servicios y usan las tecnologías de la información. “Necesitamos nuevas leyes, y que la fuerza social y colectiva esté al servicio de la economía mexicana”.
 
Por su parte, Ramón Rivera Espinoza, de la Universidad Autónoma Chapingo, mencionó que las instituciones de educación superior deben hacer un trabajo directo en las comunidades, ofreciendo alternativas de cultivo e innovando en la parte tecnológica; formar redes de trabajo colectivo en el campo, y analizar opciones de cooperativas con base en experiencias de otros países, así como compartir sus metodologías.
 
Celso Escobar Salinas, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que se ha dado un fuerte impulso a la economía social en el ámbito educativo; sin embargo, dijo, “hace falta incluir a sectores juveniles en la materia y atender el tema desde el campo”.
 
El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Investigación y Desarrollo Cooperativo, Integración de Cadenas Productivas y Servicios, Armando Palacios Lárraga, mencionó que dicho colegio fue creado por la necesidad de participar en el desarrollo cooperativista y la profesionalización en el desarrollo del sector en activo, y sirve de apoyo a la investigación científica sobre la realidad de la economía social.
 
El director de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, Alfredo Ramírez Fontes, destacó que los recursos públicos destinados a la economía social en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, suman alrededor de 47 mil millones de pesos (mdp).
 
En la mesa “Recursos públicos destinados al sector social de la economía en México”, explicó que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) recibirá 2 mil 800 mdp, en tanto que otros programas relacionados con el sector obtendrán alrededor de 45 mil mdp para el siguiente año.
 
Del 2010 al 2016 el INAES ha tenido una tasa de crecimiento real en sus recursos de 1.2 por ciento, y los destinados a otros programas que inciden en la economía social presentan un decremento de 4.6 por ciento.
 
Dentro del INAES, el programa más importantes es el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes), al que le asignaron 2 mil 508 mdp.
 
Ramírez Fontes informó que 46 por ciento de los recursos destinados se van en mayor medida a Chiapas, con 8.7 por ciento; Oaxaca, 7.8 por ciento, y Coahuila, con 6.3 por ciento; le siguen Guerrero, Puebla, Michoacán y el Estado de México.
 
Los programas que inciden en la economía social presentan un total de 496 mdp, uno de ellos es el “Programa Social de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural”, que tiene asignados 246.6 mdp.
 
En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta 488 mdp en este ramo; Sagarpa, instancia que más incide en el sector, tiene un total de 40 mil 806 mdp destinados a sus programas; Sedesol, 4 mil 430 mdp, sin incluir los del INAES. Además, un nuevo ramo que se creó en el PEF 2016, “Entidades no sectorizadas”, contiene un programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena con recursos de mil 572 mdp asignados.
 
De la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX), César Arnulfo Zepeda Prado indicó que es indispensable encontrar “engranajes” entre los recursos asignados a estados y municipios a favor de las cooperativas. “Hay recursos, pero no logramos que estos se destinen únicamente a la actividad social”.
 
La tarea, afirmó, es reformar el marco fiscal para favorecer al sector, cuando la Constitución misma, en su artículo 73, establece la participación de la economía social.
 
Antonio Montero Villa, director de Estudios Hacendarios del CEFP, señaló la necesidad de construir un programa de apoyo a la economía social de carácter trasversal. “Es fundamental dejar el esquema vertical de presupuestación, es decir, de los apoyos públicos y de carácter administrativo, para focalizarlos a una política de transversalidad”.
 
Esta situación permitirá que en los programas de Sagarpa, cuando tenga un monto específico para promover la actividad productiva en el campo o en el sector rural, quede muy bien especificado qué parte va a la economía social; de tal suerte, que se construya el engranaje que hasta ahora está “bastante desarticulado”.
 
Representantes de las cooperativas “Caja Popular Atemajac” “Cruz Azul”, “TOSEPAN” y “Pascual”, destacaron la importancia de apoyar al sector puesto que el cooperativismo y la economía social no son visibles para el sistema, a pesar de que son generadoras de empleos y desarrollo.
 
Sugirieron focalizar al sector social, fomentar el cooperativismo y su financiamiento y mejorar el marco fiscal. Además, se comprometieron a generar productos y servicios de calidad y a seguir siendo empresas socialmente responsables con el fin de mejorar la calidad de vida de los socios a través de vivienda y alimento.