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Martes, 11 de Diciembre de  2018
16:41

13anuies01El compromiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de gestionar ante las autoridades hacendarias un mejor presupuesto a las universidades púbicas para 2019 abre una puerta con el fin de resolver los problemas estructurales que éstas enfrentan hace tiempo, y de manera grave por lo menos una decena de instituciones, señaló el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera.

Asentó que las universidades no sólo han entregado un diagnóstico completo sobre su situación financiera y las causas de ésta, sino que se han comprometido a mejorar diversas áreas durante los próximos años, sobre la base de que el reclamo de mayor presupuesto a las instituciones sea atendido con más transparencia y fiscalización, a fin de mantener la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza.

El también representante de la región noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), explicó que un grupo de instituciones públicas, principalmente 10, hace tiempo enfrentan desequilibrios presupuestales.

Esta situación, que a algunas ha colocado en quiebra financiera, tiene diversos orígenes, que van desde el flujo tardío e insuficiente de recursos que deben aportar los gobiernos estatales o mala planeación financiera, hasta acuerdos laborales indebidos, así como la carga de jubilaciones y pensiones de los trabajadores.

Entrevistado luego de su participación en la 53 sesión ordinaria de la Anuies, realizada este fin de semana en Ciudad de México, Guerra Liera se refirió al compromiso que el titular de la SEP, Otto Granados Roldán, asumió con rectores y directores de las instituciones de educación superior para interceder ante las autoridades hacendarias.

Esto nos permitiría estar en el camino de resolver una situación estructural de las universidades, dijo el rector de la UAS.

Actualmente, el sistema de educación superior, tanto público como privado, tiene una matrícula de 4 millones 300 mil de estudiantes, cifra que representa una cobertura de 38.4 por ciento, cercana a su vez a los 40 puntos a los que se había comprometido el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, este porcentaje todavía es uno de los más bajos de las naciones que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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