La desaparición de personas ofrece una paradoja cruel en su modus operandi: es un crimen que no discrimina. Puede ocurrirle a cualquiera, sin importar género, etnia, nivel socioeconómico u otra característica identitaria. El mosaico de las 93,404 personas no localizadas en México es heterogéneo e interseccional, por lo que es primordial contar con medidas mínimas de atención, especialmente en entornos universitarios.
El ITESO de Guadalajara tomó la experiencia de la sustracción de uno de sus profesores como el llamado definitivo a la acción. Tras más de un año de investigación y trabajo colegiado entre académicos, estudiantes y organizaciones civiles, la Universidad presentó su primer protocolo para casos de desaparición, mismo que busca inspirar al resto de instituciones del Sistema Universitario Jesuita.
Con el instrumento expuesto durante el Foro SUJ de Derechos Humanos 2021 se busca que quien tenga conocimiento de una desaparición pueda recibir atención a través de una línea telefónica especializada, al tiempo que las autoridades universitarias realizan la indagatoria preliminar. Al confirmar la ausencia de la persona, se brindará orientación legal y contención emocional al denunciante e iniciará el proceso de difusión.
Si el caso no se resuelve a la brevedad, la Universidad contactará a un equipo interdisciplinario extraordinario para brindar un acompañamiento integral a la familia (si esta así lo acepta). En un tercer momento, la institución derivaría el caso a una instancia externa para continuar el proceso.
Para la integración del librillo se recopiló material documental a partir de lo establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de los conocimientos de los grupos ciudadanos en la materia. Como explicó la coordinadora del proyecto, la Lic. Diana Araceli Pérez González, el objetivo es establecer un documento de elaboración colectiva con acento en las vivencias del alumnado.
Jalisco ocupa el primer lugar nacional en desaparición de personas. Regiones como Durango y Coahuila han sufrido los embates de esta problemática especialmente en sus adolescentes y jóvenes. “La sola existencia de personas desaparecidas en México es evidencia de un Estado que ha permitido hegemonías del crimen organizado y tolerado la corrupción de policías y militares”, aseguró el Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño.
Contundente, el rector de la IBERO Torreón indicó que a las universidades jesuitas les corresponde construir una geopolítica de la esperanza; el protocolo es un primer paso para ello. Deseó que a los proyectos educativos no les falte valentía para enfrentar los males comunes.
El insumo, próximo a difundirse, es fruto de un proceso participativo entre diferentes instancias de la Universidad y la sociedad civil, siempre con la convicción de contribuir a mitigar un crimen que lacera a la sociedad en su conjunto. En palabras del Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO, “México vive en una crisis de derechos humanos que tiene uno de sus peores ejemplos en la desaparición de personas y de estudiantes”.
Es menester proveer de respuestas claras y expeditas ante esta problemática, pues “los minutos y horas inmediatamente posteriores a la desaparición de personas son sumamente valiosos”. Insistió en que las universidades jesuitas deben estar preparadas a actuar, de forma conjunta, frente a contextos complejos.
Periodismo y democracia
Al recibir el Premio Zenger a la Libertad de Prensa en 2018, Carmen Aristegui aseguró que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para hacer periodismo. Aquella afirmación fue refrendada por la periodista en el Foro SUJ tres años después: la labor periodística envuelve a sus profesionistas en entornos de alto riesgo.
Para reporteros como Javier Valdez, el remate noticioso ha sido funesto. El sinaloense informó desde la transgresión de los límites de lo prohibido, convirtiéndose en referente de la investigación sobre el narcotráfico. A decir de la periodista, los poderes fácticos han sucumbido ante las organizaciones delictivas. “Informamos en un país en donde el poder real no son las autoridades electas, sino quien ejerce un poder criminal”.
Al igual que Valdez, Miroslava Breach fue víctima del narcoestado al que denunció durante años. Sus investigaciones revelaron la influencia del crimen organizado en el gobierno de su natal Chihuahua, fenómeno que cobró escala nacional con el asesinato de 102 políticos durante el periodo electoral del pasado mes de junio.
Aristegui aseguró que el periodismo se suma a los procesos democráticos dotando a la sociedad de los recursos necesarios para tomar conciencia de su propia realidad. Los medios de comunicación también contribuyen a dar seguimiento a los hechos, lo que no solo genera una pedagogía de la información para las audiencias, sino que contribuye a los procesos de justicia y rendición de cuentas.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México fue impulsada por el anhelo colectivo de cambio. La comunicadora exhortó a cuestionar si la sociedad en su conjunto será capaz de refrendar el ímpetu por la transformación del país plasmado en las urnas en 2018. “La sociedad tiene que inyectarse energía porque es la causa principal; los gobiernos solo son instrumentos para tomar decisiones en nuestro nombre”.
La sociedad puede comenzar a incidir a través de la información para denunciar las injusticias del mundo. Pese a que comprende que la sociedad viva en negación frente a la inmensa crisis civilizatoria, destacó la importancia de procesar la tragedia para poner los derechos humanos, la justicia y la paz en el centro. “Las democracias se construyen todos los días”, sentenció.