En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y con el propósito de cumplir con la misión de promover y defender los Derechos Humanos en México y América Latina a través de tres acciones: formación, investigación y vinculación, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla, llevó a cabo la Jornada Y cuando despertaron el muro seguía ahí.

Durante el encuentro, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Fernando Fernández Font, rector de la IBERO Puebla, quien señaló que para la Universidad hablar de Derechos Humanos ha implicado realizar una investigación seria y profunda, que no se plasma únicamente desde la consulta de textos sino a partir de una modalidad de consulta colectiva e interdisciplinar.

“Nuestra herencia Ellacuriana nos hace caer en la cuenta que no se trata de emitir un cierto número de publicaciones, sino de que los resultados de nuestro quehacer deriven en exigencias a las autoridades, para que éstas cumplan con su obligación de respetar y proteger las garantías individuales”, puntualizó el Rector de la IBERO Puebla.

Por lo anterior, exhortó a las personas vulnerables, académicos, alumnos y sociedad en general a comprometerse a tener una actitud proactiva y responsable en este complejo tema que una vez más nos congrega como Institución educativa. “Por ello, la importancia de trabajar continuamente en poner al servicio de la sociedad más vulnerada la inteligencia académica”.

Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Galilea Cariño Cepeda, agradeció la confianza y el interés de las personas por testificar uno de los tantos retos que hay en materia de Derechos Humanos: la investigación.

“A partir de la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, se abre la posibilidad de que las instituciones académicas proporcionen a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir a la búsqueda y conocimiento de la verdad”, comentó Galilea Cariño.

Bajo este tenor, la especialista puntualizó que la institucionalización de los Derechos Humanos marcó un hito importante en redimensionar la ausencia de esta perspectiva en muchas esferas estatales. “Desde el IDHIE creemos que el sistema, las formas de institucionalización y las medidas establecidas para el cumplimento de derechos no puede ser un esfuerzo parcial”.

Finalmente, Oscar Soto Badillo, director de Investigación y Posgrado, comentó que este informe recoge el trabajo de divulgación e investigación de un equipo articulado por ocho investigadores, seis asociados y 26 estudiantes de diversas licenciaturas que colaboraron de manera comprometida con este proyecto.

“La IBERO Puebla está orientada a coadyuvar espacios que fomenten inclusión, tolerancia y respeto de los Derechos Humanos que son los pilares de la construcción de una sociedad transparente”, aseveró Soto Badillo.

Al término de este acto introductorio, se llevó a cabo la mesa de análisis Derechos Humanos en grupos específicos, en donde Eduardo García señaló que el objetivo general de este esfuerzo fue caracterizar la progresividad de los Derechos Humanos en el estado de Puebla, a partir de sus procesos históricos y contextos actuales. Con los cuales se pudiera identificar las principales violaciones a Derechos Humanos en el estado y su impacto sobre determinados grupos en situación de vulnerabilidad.

Así como analizar el rol de las instituciones y autoridades obligadas a proteger, promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos en el estado y determinar las respuestas y acciones de exigibilidad de la ciudadanía ante violaciones a los derechos en el estado de Puebla y su impacto en la progresividad de los Derechos Humanos.

Sobre la metodología, el coordinador académico del IDHIE apuntó que esta investigación es de corte cualitativo, por lo cual se basó en la aplicación combinada de estrategias de recolección, análisis e interpretación de información obtenida en distintas fuentes de naturaleza empírica y documental.

Acto seguido, Elsa Herrera Bautista del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Puebla determinó que a la entre 2005 y 2016 el gobierno de Puebla registró un proceso regresivo en relación con sus obligaciones de garantía y protección de los derechos vida, al desarrollo, a la seguridad y al bienestar de la mayoría de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Al respecto argumentó que Puebla presentó una tasa de mortalidad de 26.3 defunciones por cada 100 mil en menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas cuando a nivel nacional el promedio es de 19.6 por cada 100 mil. De esa cifra, según la UNICEF, más del 90% de los casos pudieron evitarse por tratarse de infecciones.

Por su parte, Gabriela Cortés Cabrera habló de las violaciones a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales (LGBTTTI), en el estado de Puebla, en donde afirmó que existe una clara violación al principio de igualdad y no discriminación, así como a derechos civiles y políticos, el no reconocimiento de los matrimonios igualitarios provoca condiciones de vulnerabilidad y de desprotección para parejas del mismo sexo que quieran celebrar este contrato civil.

Cortés Cabrera argumentó que existe una violación al derecho de acceso a la información, en tanto no existen cifras oficiales ni un trabajo orientado a transparentar y documentar claramente, y de la forma más precisa posible, la situación de las personas LGBTTTI en el estado, situación que no ha cambiado en un periodo de diez años, entre 2005 y 2011.

Posteriormente, Karen Torres Hernández, expuso la situación de los Derechos Humanos de las mujeres, sobre los cuales refirió que a pesar de los esfuerzos en la adopción de medidas legislativas, de organización de la estructura gubernamental y de política pública, la violencia contra las mujeres, incluida la discriminación, sigue siendo un problema evidente en Puebla.

La falta de actuación e impunidad estatal frente a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, desencadena el número de feminicidios. De 2010 al 30 de mayo de 2017, el Observatorio de Violencia Social y de Género documentó 410 probables feminicidios.

“Otro tipo de violencia contra las mujeres donde se observan altos índices de su comisión, es la sexual, cuyos efectos son devastadores pues atentan contra su integridad física, moral y emocional, contra su libertad y autodeterminación sexual; afecta su salud y las coloca frente al ostracismo público.

Finalmente, Josué Hernandez habló sobre el derecho de las y los periodistas, los cuales al asumir una postura crítica sobre las administraciones gubernamentales, han sido víctimas de violaciones al derecho de pensamiento y libertad de expresión, no sólo por la censura contra ellas, sino por los riesgos que se expresan en la labor de ser situación de periodistas en Puebla.

Para cerrar esta Jornada, se llevó la mesa Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales en donde Georgina Garibo García colaboradora en Pueblo Sin Fronteras argumentó que Puebla forma parte de una ruta migratoria más amplia que incluye a los estados de Veracruz y Oaxaca, como puntos de tránsito previos, y a Tlaxcala e Hidalgo.

Sobre este tópico, la especialista mencionó que a pesar de que el fenómeno de la transmigración se ha percibido en la entidad desde hace al menos 11 años, el tema no ha sido debidamente atendido por las autoridades estatales y municipales. Pese a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano, así como por los mandatos constitucionales que obligan a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su condición migratoria, entre estos, el derecho a la seguridad y libertad personal.

En materia de política social, Silvia Villaseñor subrayó que en la actualidad se está llevado a cabo un sistema de represión y control, la política social ahora controlan las grandes empresas, ya no forman parte del Estado mexicano, y ello evidencia una falta de justicia.

“Por qué debemos creer en las instituciones públicas, si está más que demostrado que no están funcionando”, ante esta realidad el reto que tenemos como sociedad es mayor, nosotros somos los que debemos de hacer que las cosas funcionen en este país”, apuntó.

Por su parte el maestro en Derechos Humanos, Simón Hernández, durante su participación abordó dos temas, el primero en torno a la seguridad y personas privadas en libertad, el segundo sobre el trabajo penitenciario. “El informe desgraciadamente nos presenta un panorama desalentador, esto porque de un tiempo para acá, Puebla siempre aparece en la estadística con números negativos en estos temas”.

Es de los primeros lugares en ataque a periodistas, en desigualdad, en feminicidios y violencia a contra mujeres, en personas privadas de libertad y eso implica buscar develar una verdad que tiene que descubrirse para con ello poder transformar la realidad social. “Es alentador saber que un Instituto como el Ellacuría de la IBERO Puebla, es quien permanentemente está encabezando estos esfuerzos y evidenciando la realidad que se vive en el estado”.

A decir del especialista en Derechos Humanos, el tema de personas de la libertad en la entidad es grave, sobre todo por el fuerte vínculo que tiene con temas de impunidad y corrupción. “Puebla es una de las entidades en donde el crimen organizado se ha incrementado exponencialmente en los últimos años”.

La incapacidad del Estado ha generado que en la misma proporción se vayan incrementando los grupos de autodefensa, hoy en día hay muchas más comunidades organizadas para atender el tema de la violencia e inseguridad. “Ello representa un panorama complejo, pero también una señal de que la sociedad no está dispuesta a permitir dicha realidad”.

Sobre el trabajo penitenciario, Simón Hernández destacó que este informe presenta una visión multidisciplinaria que investiga a fondo los derechos de estas personas, los cuales pareciera no tienen acceso a garantías mínimas, de ahí que la investigación del informe sea un acierto por el hecho de atender un problema que nadie ve y que parece un hoyo negro en el sistema de carcelario local y nacional.

Para concluir, Hernández León aseveró que el sistema penitenciario en este país y en Puebla tiene una visión machista, es decir, está creado en función del encarcelamiento masculino, no considera una idea de género que permita diferenciar los programas de reinserción entre unos y otros.