Puebla es el primer estado en signar una declaratoria con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la cuestión de impartición de justicia, por eso, a través del Tribunal Judicial del Estado las instituciones de prevención, mediación y grupos de juristas proponen al Congreso del Estado legislar con esta serie de determinaciones cuando se imparta justicia.

María Cristina Jiménez Azcatl, encargada del departamento de Educación Continua del Colegio de Abogados del Estado de México y corresponsal de la sede del estado de Puebla de la firma Santillán y Asociados, afirmó que esto significa tener diferentes indicadores para que cuando una víctima llegue ante un mediador, facilitador o ministerio público las resoluciones que se impartan y la atención que reciban sean establecidas en razón de su sexo, vulnerabilidad, patrón cultural, religioso y económico.

En materia de paridad de género hay una brecha que mantiene la desigualdad, entre hombre y mujer, por lo que este paso es muy importante para el Estado y el país, por lo que es un avance para que la mujer incursione en materia de igualdad de género en las situaciones jurídicas.

Durante su participación en el “Primer Congreso Internacional de Juristas Estudiando” que se realizó en el auditorio del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, mencionó que en los mecanismos alternativos de solución de conflictos es muy importante que los delitos de acoso sexual y violación los ministerios públicos sean del sexo femenino para que haya más empatía y sensibilidad ante el caso.

Propuso que se lleve a cabo un examen exhaustivo de los indicadores para impartir justicia y decidir cuáles son las formalidades que se van a seguir ante los medios alternativos de solución de conflictos para dar seguridad a la víctima.