banner a1

banner a5 banner a6   

logo

banner l

Domingo, 12 de Julio de  2020
02:48

01auditoriabuap01El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, declinó la invitación que le hiciera el Auditor Superior del Estado de Puebla, Francisco Romero Serrano, para reunirse y dialogar entorno a la auditoría que se le practica a la institución, procedimiento que está viciado y es inconstitucional.

Luego del comunicado que leyó el sub contralor José Ubaldo Ramírez en respuesta del oficio ASP00063-20/AESF 10 de enero del titular de la ASE, el rector dejó en claro que no se llevaría a cabo este diálogo porque el derecho a la educación, la autonomía y la legalidad no están sujetos a negociación o acuerdos.

Durante el evento estuvieron los consejeros directores de las facultades de Contaduría Pública, de Derecho y Ciencias Sociales y de Cultura Física, donde el sub contralor de la BUAP dio respuesta a la ASE en el sentido de que:

“El entregar la información que indebida e ilegalmente solicita, incluso acudir a una invitación que me hace resultaría en una convalidación de un acto que es inconstitucional y que atenta contra la autonomía de esta casa de estudios y por ende del derecho a la educación superior de todos sus alumnos”, dice la respuesta del comunicado enviado al auditor Francisco Romero Serrano.

Esparza Ortiz en este mensaje mencionó que como representante de la BUAP moralmente está obligado a defender los derechos y velar por los intereses de los universitarios, por lo que: “declino su petición y me reservo el derecho de hacer valer lo que a los intereses de la universidad más convenga”.

El comunicado señaló por último que con el fin de garantizar una revisión que sea imparcial y profesional y apegada a derecho, desde el 17 de diciembre de 2019 se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que atrajera la revisión de referencia.

Explicó que la Constitución Política Mexicana reconoce plenamente la autonomía de las universidades públicas, en la fracción 7 del Artículo 3º, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la libertad de cátedra, investigación, examen, discusión de las ideas, determinación de sus planes y programas de estudio, así como la forma en que se administra el patrimonio universitario.

Insistió en que la SCJN obliga a las universidades públicas a ser auditadas por las instancias correspondientes por el hecho de recibir recursos públicos, siempre y cuando no se atente contra el principio de autonomía universitaria.

Insistió en que la BUAP no se opone a ningún proceso relacionado a la rendición de cuentas, la cual siempre se ha encontrado abierta a cualquier procedimiento de revisión.

Agregó que el procedimiento que realiza la ASE es contrario al orden constitucional, ya que carece de las facultades para fiscalizar recursos federales, por lo que la auditoría preventiva que está prevista en una ley secundaria local “es espuria” y susceptible de depuración constitucional.

Cuando la autoridad se entromete en lo que no le corresponde se viola la autonomía, y cuando la fiscalización se usa para violar la autonomía es inconstitucional.

Dijo que la educación es un derecho humano tutelado por la Constitución, y la Autonomía es el garante a la misma, por lo que cualquier acto que atente contra la autonomía universitaria atenta contra la educación.

La BUAP recibe de 5 a 6 auditorías anuales tanto federales, estatales e incluso de la función pública, por lo que las cuentas han sido más que claras y ratificadas por estos organismos.

banner b1 i2

banner e1 i