A  casi cinco años de que nuestro gremio ha sido ignorado y perdido su presencia en los ámbitos de la judicatura, servicio público y áreas de oportunidad, que por décadas habían ocupado distinguidos abogados poblanos en nuestro estado, vemos cómo han sido desplazados por juristas provenientes de otros estados y es razón suficiente para que no reunamos con la firme convicción de manifestar nuestro malestar por esta situación que hemos venido padeciendo y también para hacer un llamado a la unidad y organización de todo el foro poblano, así como de las nuevas generaciones que se han formado en las diferentes escuelas y facultades de Derecho de nuestra entidad, para ser escuchados y de esta forma retomar nuestro papel protagónico en la defensa del Estado de Derecho, que sentimos ha perdido vigencia.
 
Hemos sido testigos de que recientemente se han trastocado las bases jurídicas, económicas y culturales que durante años han garantizado el bienestar constitucional de los ciudadanos del Estado, al aprobarse reformas legislativas que no han respondido al imperativo de nuestra sociedad sino los grupos de poder sin que para ello existan contrapesos, ya que aspectos represivos de ninguna forma democráticos nos han dado claridad de que en nuestro estado no existe una auténtica división de poderes ni tampoco un respeto a la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el IEE y el Tribunal Electoral del Estado, además de una violación sistemática a la autonomía de los Municipios, a un control sobre los medios de comunicación y ataque a la prensa independiente, lo que consideramos  ha provocado que en diversos sectores de la sociedad poblana exista un descontento generalizado.
 
Es por ello que debemos reflexionar sobre el papel y el compromiso social que tenemos los abogados para defender a todas aquellas personas que acuden a nosotros para recuperar su patrimonio, su familia o su libertad por haber sido víctimas de la injusticia o de la represión. Debemos luchar por que se respete plenamente el Estado de Derecho, la división de poderes, la autonomía de los organismos ciudadanos, los derechos humanos y, sobre todo, se combata la corrupción y la impunidad que son un cáncer no sólo para Puebla, sino para todo el país.
 
En México, estamos ante un momento de grandes transformaciones jurídicas que exigen a los abogados profundos cambios en la manera de estudiar, interpretar, argumentar y resolver problemas legales. Todos, estimados colegas, somos corresponsables del destino de Puebla y México; no nos neguemos a hacernos parte del cambio que nuestro estado y país necesitan.
 
Uno de los temas esenciales para tener un país más justo tiene que ver con el mejoramiento de quienes son actores fundamentales en la aplicación de la justicia: los abogados.
 
Ante esto debo recordarles lo que el jurista Italiano Luigi Ferrajoli, señala que: “El papel del derecho es la limitación en el arbitrio de la violencia. Esto significa también la limitación en la vinculación de los poderes. Los poderes tienen la tendencia a acumularse en formas absolutas, tanto los públicos como los privados” De ahí que la fuerza tiene la tendencia a prevaricar y el papel del derecho es limitarla. Afirma también que el Estado de Derecho se pone en peligro porque la fuerza del estado se vuelve simétrica a la de la criminalidad, cuando la naturaleza del estado de derecho, implica una necesaria asimetría de la fuerza. Son enormes los retos y las tareas que como Abogados tenemos por delante, como son el contar con una adecuada organización, que nos permita coordinar nuestros esfuerzos para reivindicar nuestro papel en beneficio de la sociedad, hacer valer la enorme importancia que tiene nuestra profesión en todos los ámbitos de la vida social y en el funcionamiento de las instituciones.
 
El impacto del trabajo de los abogados en la política, economía y la sociedad en general es notable. Basta recordar que muchos Presidentes de la República, incluyendo a Enrique Peña Nieto, secretarios de Estado, legisladores, gobernantes, presidentes municipales, empresarios, literatos, etcétera, han estudiado Derecho.
 
Para ponerles un ejemplo de la importancia del papel que los abogados juegan en la vida nacional, en México hay casi 300 mil estudiantes de Derecho, distribuidos en poco menos de 2 mil instituciones públicas y privadas que ofrecen estudios de licenciatura para quienes desean formarse en los conocimientos jurídicos. Se calcula que más de medio millón de egresados de la carrera ejercen actualmente la profesión en nuestro país, es decir, tenemos un abogado por cada 220 personas que viven en el territorio nacional. En Puebla existen 145 facultades con la carrera de Derecho; de éstas, sólo 6 son públicas.
 
El abogado actual tiene un compromiso aún mayor con la colectividad, que lo obligan a estar en permanente y constante capacitación, además de enfrentar los desafíos que implican la colegiación y la certificación profesional, que es ya una realidad para garantizar a los ciudadanos que contamos con las aptitudes y conocimientos para atender sus casos y obtener un resultado favorable.
 
Los abogados podemos ser palanca de cambio para México o podemos ser un lastre. De nuestro correcto desempeño dependen, en alguna medida, el crecimiento económico, el incremento de la seguridad jurídica y hasta la tranquilidad de nuestras familias. Tener mejores abogados es una buena forma de ir construyendo un mejor país para todos.