Para dar cumplimiento a las distintas funciones y responsabilidades asignadas al gobierno, el Estado percibe recursos públicos, es decir, percepciones e ingresos de cualquier naturaleza que sean con el objeto de financiar sus gastos. Así pues, para el logro del desarrollo nacional deben aplicarse políticas públicas responsables.

La sociedad le exige al Gobierno que cumpla en forma eficaz con sus funciones y servicios a fin de devolver plenamente a ésta, lo que con el producto de su esfuerzo otorga para el sostenimiento de la labor pública y satisfacer cabalmente las necesidades de la población. A su vez, la autoridad siempre establece diferentes campañas con la finalidad de avanzar en la construcción de una cultura nacional que resalte la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias.

Lamentablemente, en la actualidad, uno de cada dos ciudadanos no se sienten representados y la confianza en los partidos políticos y diputados está por debajo del 20%, pues los funcionarios públicos no pasan de hacer promesas que contienen todo, menos la verdad cuando se encuentran en campaña electoral y ya estando en el cargo olvidan todo lo que prometieron, siendo que sus cualidades y virtudes salen volando, pues de lo primero que hacen es ver la manera de servirse del poder y del erario para beneficio propio.

De ahí que, el talón de Aquiles del gobierno es el bajo cumplimiento en cuanto a la rendición de cuentas (lo que incluye eficiencia en el manejo y uso de los recursos públicos), en consecuencia, no hay confianza de los ciudadanos de que sus contribuciones se dedican al mejor uso posible, y para muestra un botón:

El Diagnóstico de Parlamento Abierto en México destaca atrasos al informar del uso de los recursos públicos y del desempeño que tienen los legisladores, además de cómo publican sus declaraciones de conflicto de intereses. Se establece que ninguno de los poderes legislativos, incluida la Cámara de Diputados y el Senado, cumplen satisfactoriamente con ser órganos abiertos al escrutinio ciudadano, pues sólo el 24% rinde información presupuestal, 3% legislan a favor del gobierno abierto, 16% regula sobre conflictos de interés (de hecho es el aspecto que menos se observa en México, ya que ninguna de las 34 instituciones legislativas hace públicas las declaraciones de intereses), amén que únicamente el 3% publica las versiones estenográficas de los debates en las comisiones.

Puebla no se queda atrás en estos temas. El Congreso del Estado informó que no celebró contrato alguno con medios de comunicación durante 2014, lo anterior fue debido a que se le solicitó que informara el monto ejercido durante 2014 para el rubro de comunicación social de manera mensual, el desglose por medio de comunicación contratado, así como el monto de y vigencia de los contratos celebrados. Su primera respuesta fue que el presupuesto aprobado, asignado y ejercido es global y no como lo manifiesta el peticionario, por lo que se presentó un recurso de revisión ante la CAIP, sin embargo, el Congreso realizó un alcance a la respuesta, indicando que no celebró contrato alguno con medios de comunicación, motivo por el cual queda sin materia para ser respondida la pregunta correspondiente.

La cuestión aquí es:
La falta de transparencia en ese tipo de información porque ni siquiera debiera preguntarse por ella, sino de facto estar publicada en su portal.
No es creíble que no se cuenten con los gastos desglosados del Congreso, máxime si con antelación existe planeación en cuanto a la aplicación de los recursos y por la información en las declaraciones fiscales que debe entregarse al SAT.
Si no hay nada que ocultar por qué no responder de primera mano.

Ante estos hechos es obvio que los ciudadanos seguirán desconfiando de sus legisladores y pensando si vale la pena votar por este tipo de funcionarios públicos.