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Domingo, 21 de Enero de  2018
18:59

Desde el pasado 2 de febrero y hasta la mitad de marzo, diariamente alrededor de 7 mil mexicanos con credencial de votar en mano impulsaron con su firma la primera iniciativa en la historia del país promovida por ciudadanos, no por legisladores: La Ley Anticorrupción.

Soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de la información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción eran el objetivo de esta ley, también conocida como la Ley 3 de 3, su erradicación a partir de una definición tan clara que ningún funcionario público pudiera evadir su responsabilidad.

Sin embargo, la parte medular de esta ley desapareció en las iniciativas del PRI y PVEM: la obligación de los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales queda a voluntad de los sujetos obligados.

Así se establece claramente en el artículo 29 de su iniciativa de Ley General de Responsabilidades Públicas:

01derechos01“El servidor público que así lo determine podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información”.

Lo mismo se ordena para las declaraciones de intereses y las fiscales anuales.

Absurdamente, “no le cambiaron nada” a lo que actualmente ya existe en materia de declaraciones patrimoniales, con el argumento de que no querían desencadenar una cacería de brujas y poner en riesgo la privacidad y seguridad de decenas de miles de personas que nada tienen que ver con el gobierno ni reciben recursos públicos y mucho menos son parte de actos de corrupción.

Con ese pretexto, de auténtica risa, nuestros Senadores atropellaron el derecho de la mayoría, el derecho de todos los mexicanos a tener la certeza actuación confiable de sus servidores públicos. Léanlo bien servidores públicos, individuos que están o estarán al servicio de quien realmente les paga sus estratosféricos sueldos y lujos, y quienes a pesar de ello no tenemos derecho a saber de en qué consiste su patrimonio y cómo lo han obtenido.

Ahora será hasta después de las elecciones del 5 de junio, que si se le antoja en sesión extraordinaria, la podrán resolver o enterrar definitivamente el primer movimiento ciudadano organizado y coincidente que intentaba proveer a México de una verdadera alternativa de solución para erradicar el mayor cáncer que lacera desde hace ya mucho tiempo nuestro constructo social.

O acaso será que como a los Senadores no se les ocurrió una iniciativa de ley de la importancia de ésta, no quieren ser evidenciados por su falta de conocimiento de las verdaderas necesidades de la sociedad a la que representan.

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