Los escándalos destapados en las última semanas, tanto en medios nacionales como internacionales, relacionados con las inversiones de políticos, empresarios, estrellas de cine, narcotraficantes y prestanombres de origen mexicano en los Panamá Papers y los Singapur Papers, nos demuestran el grado de cinismo y corrupción en que han caído nuestros connacionales y los altos niveles de impunidad y protección de que gozan de parte de las autoridades fiscales y en materia de procuración de justicia de México, que les ha permitido hacerse de recursos de procedencia ilícita y lavar dinero en dichos paraísos fiscales, burlando las fronteras de nuestro país y haciendo un saqueo de capitales que, a la fecha, a nadie parece preocupar porque se trata de personajes ligados al grupo en el poder y a fuertes intereses de empresas trasnacionales y grupos del narco, que tienen una serie de prebendas y compromisos con la clase política gobernante que les ha permitido seguir acrecentando su fortuna, sin importar los efectos negativos que a nivel internacional para que sigamos en los peores países en materia de corrupción en el mundo.
 
Episodios como éstos nos conducen a hacer una profunda reflexión sobre si realmente el “Sistema Nacional Anticorrupción” impulsado por el PAN con el respaldo de otros partidos en el Congreso de la Unión, va en serio o como siempre ocurre con este tipo de iniciativas: al final las negociaciones de los grupos parlamentarios terminarán, o bien sepultando el sistema, o a pesar de su aprobación buscará colocar los candados y salidas suficientes, para evitar que los funcionarios que sean responsables de la comisión de algún delito en el ejercicio de su encargo, cuenten con un salvoconducto que evite sean investigados y sujetos a una eventual privación de su libertad; en esta serie de movimientos todo es posible, ya que me parece, que aún y cuando se dan señales de buscar terminar con la corrupción gubernamental, como ocurrió con la aprobación de la Ley para evitar el endeudamiento de los Estados y Municipios, por otro lado, siempre se deja abierta la posibilidad de que los funcionarios actuales, cuenten con un salvoconducto para quedar excluidos de su aplicación y que sean los que los sustituyan, quienes estrenen las disposiciones.
 
La investigación, penalización  y retorno de los capitales de mexicanos que se encuentran depositados en dichos paraísos fiscales, es todo un reto, para el Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, quien está obligado a demostrar a los ciudadanos, que su discurso de querer combatir la corrupción a fondo, se cumplirá en los hechos y que las investigaciones irán hasta sus últimas consecuencias, fincando responsabilidades a todos los involucrados; de no hacerlo, el mensaje que estará dando a los ciudadanos, es que se vale hacerse de recursos de dudosa procedencia, evadir al fisco y sacar el dinero del país, sin mayor problema, ya que los personajes cuyos nombres aparecen en las listas de los Bancos de Panamá y ahora Singapur, en lugar de ser investigados y sancionados, son tratados como personas honorables y recibidos en todos los lugares donde se reúne la clase política, es decir, no se les da el trato que ellos esperaban, como delincuentes de cuello blanco sino por el contrario, se les considera dignos de admiración, por sus habilidades financieras para saquear a su país, pero además continúan haciendo jugosos negocios al amparo de los privilegios e información que reciben de la clase gobernante, aplican en forma estricta el dicho “El que no tranza, no avanza” lo que indigna a los ciudadanos, que día a día, salen de sus casas a buscar el sustento y que saben, que ni en sus mejores sueños trabajando en forma honesta, podrán alcanzar el capital de que se han hecho el grupo en el poder.