La detención del expresidente del PRI, Humberto Moreira, a manos de autoridades de España y la acusación que lo involucra en actividades de lavado de dinero y obtención de recursos de procedencia ilícita, plantea muchas interrogantes para los ciudadanos mexicanos, ya que de todos es sabido la deuda pública que dejó al concluir su Gobierno en el Estado de Coahuila y que superó los 30 mil millones de pesos.

Deuda que hasta la fecha no ha sido aclarada y las investigaciones y destino del dinero tampoco se ha ubicado, ya que su hermano, el actual Gobernador, ni el Congreso estatal le han fincado responsabilidad alguna y, por el contrario, el Gobierno federal lo premió con una beca a la Universidad de Barcelona para cursar estudios de Maestría, es decir, no sólo no se le investigó, sino además se le dio un trato preferencial ya que por haber presidido el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la elección del actual Presidente Enrique Peña Nieto, se buscó por todos los medios después del escándalo que se destapó por el estado de endeudamiento en que dejó a su estado, darle una salida digna y decorosa.

En otros países, que se consideran menos avanzados en su legislación como Guatemala y en otros como Perú y Argentina lo conducente habría sido, no sólo investigarlo, sino impedirle salir del país, en tanto siguen su curso los procedimientos, hasta llegar a una resolución definitiva, el Estado mexicano en ningún momento procedió en su contra y hasta que el Gobierno español lo detiene por dichos delitos, es cuando la dirigencia nacional del PRI decide dar a conocer una postura, a todas luces acomodaticia: ni condena el hecho, ni lo avala, lo que refleja una falta de compromiso para con los militantes de dicho instituto político, sino para todos los mexicanos en general. Prefieren dejar en el imaginario colectivo la idea de que aunque las autoridades españolas lo consideren un delincuente de cuello blanco, en nuestro país ni el Congreso de Coahuila ni la Auditoría Superior de la federación le encontraron ningún delito, por lo que cabe preguntarse si los millones de euros que se le encontraron en cuentas de bancos españoles, los obtuvo de su salario como ex gobernador; ¿Le pegó al Melate? ¿Recibió una herencia supermillonaria? ¿Encontró un empleo en España que le reporta tan grandes ingresos?

Obviamente, la única explicación que tiene sentido es que todo el dinero salió de país y fue llevado fuera de éste, a fin de evitar se le fincara la comisión de diversos delitos.

Me parece increíble y vergonzoso que, una vez más, las autoridades mexicanas sean exhibidas como incompetentes y corruptas al no investigar ni perseguir a delincuentes que en cualquier otra parte del mundo, sí son procesados y detenidos.

Al momento de escribir esta columna, me enteró que Moreira fue puesto en libertad después de pagar una fianza, sin embargo, se le prohibió salir de España hasta que se concluya todo el juicio y se determine su culpabilidad o inocencia.

Ignoró cual será el fallo final, empero, me pregunto si en el caso de que se le declare inocente, al regresar a México, el Gobierno se ocupará por lo menos de investigarlo o bien quizás ahora le conceda otra beca para irse a estudiar a un país en donde no sean tan quisquillosos y se metan en asuntos que sólo deberían competirle al estado mexicano.

Sea cual fuere el desenlace final, por lo pronto, una vez más quedamos como un país corrupto y con una pésima procuración de justicia, de ahí que no nos extrañe el porqué sigamos ocupando los últimos lugares en las calificaciones mundiales en este rubro.

Si el Gobierno Federal cambiara de actitud y realmente decidiera ir a fondo en contra de los exgobernadores acusados de actos de corrupción, recobraría la confianza de los ciudadanos, lo que veo difícil por el sinfín de intereses económicos y compromisos políticos que nos gobiernan.

Prevaleciendo el dicho: “Tapaos, los unos a los otros”.