Con asombro, el día de ayer los mexicanos recibimos la noticia de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el “Chapo Guzmán”, por parte de elementos de la Marina, anunció que fue confirmado por el presidente Enrique Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter, calificando dicha detención como una “misión cumplida”; de lo que surgen varias interrogantes, acerca de la efectividad de las fuerzas de seguridad del país, que hasta después de casi seis meses de la fuga del delincuente del penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, lograron su reaprehensión, es decir, a pesar del alto presupuesto y recursos que el Congreso de la Unión ha destinado al tema de la seguridad y la lucha en contra de la delincuencia organizada, nuestras policías, ejército y marina aún no están a la altura de otros cuerpos de seguridad de naciones de primer mundo, situación que además se acentúa por la falta de capacitación y corrupción que prevalece en éstos, lo que facilita en muchas de las ocasiones que los grupos delictivos cuenten con mejor información y armamento para continuar sus actividades sembrando el terror en las poblaciones.
 
Otro elemento que debe llamar la atención, es la presión que ha venido ejerciendo la prensa internacional con medios como The New York Times, que hace unos días hicieron una dura crítica a Peña Nieto sobre el tema de la fuga, del narcotraficante más buscado en México y cuyos resultados eran desconocidos, colocando al Gobierno de la República en una difícil posición, debido al lento avance de las investigaciones, señalamientos, que sin duda alguna, tuvieron peso en el ánimo del Presidente para exigir a los cuerpos de seguridad acelerar las cosas y lograr la reaprehensión de El Chapo, quien ha demostrado, ya en dos ocasiones anteriores, su amplia capacidad para corromper al personal de custodia y directores de los penales, lo que implica que no existe ninguna prisión mexicana que garantice que no habrá una tercera fuga de Guzmán, por lo que se prevé sea extraditado a los Estados Unidos para que se le juzgue por la comisión de los delitos que se le imputan en el vecino país y posteriormente, si es que algún día consigue su libertad, sea traído a México para responder de los delitos cometidos en territorio nacional, pero esa decisión deberá ser tomada finalmente en los más altos niveles de los Gobiernos de ambos países.
 
Ya que  la gran mayoría de los mexicanos vemos con escepticismo que las autoridades logren tenerlo a buen resguardo, y si no, a los hechos me remito. Si nos apegamos a la fuerza que tuvo el duro editorial de The New York Times en contra de la administración peñista y realmente la intención del mandatario es salir al paso de las críticas, tocaría ahora resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cuyas investigaciones a la fecha, se han convertido en un galimatías y bloqueos al grupo de expertos internacionales, que echaron abajo la versión oficial de los hechos y se exija al Gobierno Federal y Procuraduría General de la República, se apoyen los trabajos del grupo, se finquen responsabilidades y se obligue a los elementos del Ejército que participaron en los hechos, rindan su declaración a fin de deslindar su responsabilidad.
 
Mientras esto no ocurra, no sólo la administración de Peña Nieto, sino nuestro país estará en el ojo del huracán y de la crítica por la forma en que se investiga y procura justicia, lo que pone en tela de juicio el estado de derecho y el trabajo de las instituciones encargadas de estas áreas.
 
Sólo con los resultados de los hechos apegados a una investigación profesional y seria, será posible lograr cambiar esa percepción que se tiene de México al exterior y mejorar nuestra calificación en los índices de corrupción, transparencia, respeto a los derechos humanos y de seguridad, que en estos momentos nos ubican entre los peores calificados a nivel mundial.
 
Es tiempo de trabajar en estas tareas y recobrar la confianza ciudadana en bien del país y los ciudadanos.
 
Por ello, la tercera es la vencida.