La agresividad combatida con agresividad
Las ciudades se tornan cada vez más violentas para quienes en ellas habitan. Las respuestas son muy variables; desde leves acciones que mitigan los daños a la calidad de vida de la población, hasta fuertes políticas públicas que causan severas críticas y fuertes polémica por las consecuencias que conllevan.
Tal es el caso de los ataques a la reglamentación vial que en los últimos meses se ha implementado en Puebla y muchas de las grandes ciudades de la región central de la República Mexicana generando, en muchas de ellas polémicas que los urbanistas y planificadores deberían considerar.
No existe duda de que el surgimiento de los profesionales del urbanismo coincide con el agravamiento de los conflictos por el uso del espacio en territorio urbano. Se puede decir, incluso, que su principal objetivo fue la planificación de las ciudades para generar mayor comodidad a la circulación vehicular motorizada.
Mientras se trataba de transporte colectivo, de mercancías, de servicios o seguridad, en donde es indiscutible el beneficio social, no hubo existe problema; sin embargo, cuando la tendencia se empieza a centrar en la prominencia del transporte particular y el abuso de éste en el espacio público, el asunto no es menor.
Las vacaciones escolares de primavera pospondrán algunos de los problemas generados por el uso intenso del vehículo ya que gran cantidad de automóviles se dispersarán por el resto del país; sin embargo, una vez regresando a la actividad normal, se agudizarán los casos de contingencia ambiental en el centro del país.
Las autoridades gubernamentales esperarán que los frentes fríos, que aún faltan en la temporada, no provoquen el estancamiento de contaminantes. Saben que cada contingencia ambiental genera polémicas que pueden lesionar gravemente sus gestiones pues en tiempos electorales se reflejan, sin duda, en el voto ciudadano.
El Centro Mario Molina; una postura fundamentada
Una de las posturas más difundida mediáticamente acerca de la reglamentación vial y las consecuencias negativas para la contaminación ambiental fue la del Centro Mario Molina. El análisis, por la figura que representa, fue utilizado por los detractores de los gobiernos para poner en evidencia políticas públicas insanas para la ciudadanía.
El Centro dirigido por el nobel mexicano que se asume como puente de soluciones prácticas entre la ciencia y las políticas públicas en materia de energía y medio ambiente, opina que las crisis de movilidad y calidad del aire que se presentan en la Zona Metropolitana del Valle de México requieren cambios estructurales y la implementación de medidas muy drásticas.
Si revisamos su postura acerca del nuevo Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México encontraremos lo siguiente:
“…desde nuestro punto de vista, el Reglamento de Tránsito, cuyo propósito expreso es reducir accidentes viales, no es un asunto que requiera atención prioritaria desde la óptica de la contaminación atmosférica. Si bien existe una correlación entre la velocidad y las emisiones, que varía de acuerdo al contaminante de que se trate, en general el óptimo en emisiones y en consumo de combustible ocurre a velocidades entre 55 y 85 kilómetros por hora, sobre todo si se mantiene una aceleración constante. Lamentablemente, en la Ciudad de México, independientemente de los límites establecidos, la velocidad promedio en las horas pico está entre 8 y 11 kilómetros por hora, como resultado de la congestión vehicular.” (opinión emitida en febrero 2016 http://centromariomolina.org/category/opiniones/).
Muchos medios de comunicación descontextualizaron la postura y la hicieron aparecer como en contra de la nueva reglamentación; siendo que lo que hace es exponer la complejidad del problema ambiental en nuestras ciudades. De hecho, concluye en una serie de medidas que pretenden sean adoptadas como políticas públicas de los gobiernos tales como:
1. El mejoramiento de la calidad, seguridad y confiabilidad del transporte público, asegurando su accesibilidad a los segmentos económicos más desprotegidos.
2. La implementación de políticas que restrinjan el uso de transporte privado; la eliminación de subsidios, impuestos según su valor y emisiones contaminantes, cargos por congestión, etc.
3. La regulación del transporte de carga en lo que respecta a pesos y dimensiones permitidas, rutas y horarios de acceso y circulación, procesos de inspección físico mecánica, y otros.
4. Fomento de políticas de desarrollo territorial, para contener la expansión de la mancha urbana, fomentando la densificación, usos de suelo mixtos y rescate del espacio público y áreas verdes.
5. Combate a la corrupción en los centros de verificación, actualización de los límites permisibles de emisiones contaminantes y estricto control de la calidad de combustibles.
6. Incentivar la penetración de tecnologías vehiculares limpias y más eficientes; por ejemplo, autos, autobuses y camiones eléctricos e híbridos.
A manera de conclusión
A pesar de lo que los medios de comunicación difunden, la postura del Centro Mario Molina no se trata de una oposición exclusiva a la nueva reglamentación sino de una crítica fundamentada del modelo de desarrollo de las grandes ciudades en nuestro país. Lo que parece una crítica agresiva a una política pública que favorece al peatón en la pirámide de vialidad es, más bien, una racional defensa ambientalista.
Aunque sea molesto para los gobernantes que funcionan según los índices de popularidad, es importante que las organizaciones de la sociedad civil se aparten del proselitismo partidista y prosigan con sus demandas a favor de la humanización de las ciudades. En México, la participación social se aprecia más consolidada y con logros muy importantes, pero aún no es suficiente para garantizar que sean escuchadas.
Seguramente en los próximos años, y sobre todo en épocas de frío, se acrecentará el debate de los derechos del peatón. No solamente en la Ciudad de México, también en el resto de las grandes ciudades surgirán respuestas de los defensores medioambientales que, agresivas o no, deberían ser escuchadas y convertidas en políticas públicas para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población.